Barcones se ofrece a la Comisión Islámica para evitar discriminaciones

Barcones se ofrece a la Comisión Islámica para evitar discriminaciones

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La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha ofrecido a la delegada autonómica de la Comisión Islámica de España (CIE), María Cuenca, toda su colaboración para evitar que se produzcan en la comunidad discriminaciones por razones de religión.


"El principio de igualdad de trato y no discriminación constituye uno de los principios básicos de la acción de este Gobierno de España y, en consecuencia, en la ejecución de sus políticas se busca luchar contra toda discriminación por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual", ha indicado la delegada del Gobierno.


Así se lo ha manifestado Barcones esta mañana a la delegada de este colectivo religioso, que ha cifrado en unos 38.200 el número de practicantes de esta religión en Castilla y León, del total de 1,9 millones de islamistas que hay en España. De ese total, 24.500 son extranjeros de unas 30 nacionalidades diferentes y 13.700 son españoles.


María Cuenca, que había solicitado esta entrevista con la representante del Gobierno de España en Castilla y León, ha reconocido que la convivencia de la comunidad islámica en esta región es "buena" y que se ha evitado que haya "guetos, cosa que ha ocurrido en otros países y que ha alimentado el problema del yihadismo".


Educación 


La delegada de la CIE ha solicitado el apoyo del Gobierno de España en lo referido a la implantación de la enseñanza de la religión islámica en los centros educativos públicos.


El acuerdo de cooperación del Estado Español con el Islam, que data de 1992 y reconoce a la CIE como entidad representativa de las comunidades religiosas islámicas, garantizaba a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten, el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre que, en cuanto a estos últimos, el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro, en los niveles de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria.


Barcones ha explicado que las competencias en materia educativa son de la Junta de Castilla y León. La comunidad autónoma considera como requisitos necesarios para habilitar un profesor que forme en esta religión que debe haber un mínimo de diez solicitudes al respecto en el centro educativo.


No obstante, la Alta Inspección de Educación integrada en la Delegación del Gobierno se encarga de garantizar la aplicación en las comunidades autónomas de la ordenación general del sistema educativo por lo que Barcones ha ofrecido a la delegada de la CIE el concurso de esta área funcional del Estado si la Comisión Islámica a la que representa lo considerara preciso.


La delegada del Gobierno ha recordado que desde el curso 2016/2017 hay centros educativos que ofertan la asignatura optativa de religión islámica en las provincias de Soria, que fue la primera en implantarla, Segovia, Salamanca, Valladolid o Burgos.


Centros penitenciarios 


Cuenca ha pedido a la delegada que se garantice el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los internos en establecimientos penitenciarios, hospitalarios, asistenciales u otros análogos del sector público, proporcionada por los imames o personas designadas por las comunidades, que deberán ser autorizados por los organismos administrativos competentes, tal y como recoge la Ley 26 de 1992.


Las direcciones de los centros o establecimientos públicos están obligadas a transmitir a la Comunidad Islámica correspondiente las solicitudes de asistencia religiosa recibidas de los internos o de sus familiares, si los propios interesados no estuvieran en condiciones de hacerlo. La asistencia religiosa prevista en este artículo comprenderá la que se dispense a los moribundos, así como las honras fúnebres del rito islámico.