El Plan de Gestión de Ruinas de la Diputación de Valladolid ha declarado en ruina 149 edificaciones que han recaído en órdenes de ejecución por su riesgo contra la seguridad pública y que pertenecían en su mayoría a la localidad de Valle del Cuco y la comarca de Tierra de Campos.

Así lo han anunciado este jueves el diputado de Asistencia y Cooperación a Municipios, Alberto Collantes, y la diputada de Asesoramiento Local, Natividad Casares, en la presentación del balance del proyecto.

Desde la puesta en marcha del plan en 2014 hasta el 1 de octubre, un total de 196 municipios han formalizado convenios de encomienda para la tramitación de los procedimientos de este plan, lo que supone un 90 por ciento de todas las localidades que podían acogerse , de manera que ha tenido una acogida "superior a la esperada".

De todos estos municipios, 170 tienen un número de habitantes menor de 1.000 y 26 entre 1.000 y 10.000, según ha indicado Collantes en declaraciones recogidas por Europa Press.

Además, desde su inicio el plan han recibido 417 solicitudes de actuación de las cuáles 26 no han sido admitidas porque los inmuebles no reunían los requisitos previstos en el convenio o por no haber sido subsanados en plazo los defectos de los que adolecen las solicitudes, previo requerimiento por parte de la institución provincial.

En este sentido, se admitieron 391 solicitudes, entre las que dos están pendientes de subsanar por errores y 389 poseían documentación "correcta", ha relatado Collantes, de manera que ya se ha actuado en 267 y quedan 122 pendientes de la realización de actuaciones.

De esta manera, la Diputación y los ayuntamientos han resuelto definitivamente las actuaciones en 149 de las solicitudes, de las cuáles 68 han obtenido un expediente de ruina y 81 expedientes de órdenes de ejecución, mientras 17 aún están pendientes de tramitación.

Ejecuciones subsidiarias

No obstante, Collantes ha incidido en que se debe tener en cuenta que se han iniciado más expedientes de los resueltos y de los que están en tramitación puesto que hay particulares que una vez que se les notifica el inicio del documento realizan actuaciones --por lo general de demolición y limpieza-- encaminadas a evitar esas declaraciones de ruina u órdenes de ejecución.

En este aspecto, se ha procedido a iniciar un expediente de ejecución subsidiaria --cuando los propietarios no realizan las actuaciones ordenadas y cuando por el inmueble resulte afectada la seguridad en el dominio público-- en 41 de las solicitudes, 34 concluidas y siete en trámite, lo que implica que la Diputación realizará la actuación que se le ha ordenado al particular y a su costa.

Reval ya ha iniciado la liquidación y la recaudación en periodo voluntario de los gastos ocasionados por las ejecuciones subsidiarias de 15 expedientes por lo que se ha cobrado un total de 10.602 euros.