El concejal y diputado provincial de Ganemos Salamanca, Gabriel de la Mora, se sentará en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal de Salamanca a finales de junio por un presunto delito de injurias y calumnias a dos agentes de la Policía Nacional.

Uno de los abogados acusadores solicita para él hasta dos años de cárcel y una indemnización de 6.000 euros, mientras que el otro letrado pide un año y medio de cárcel, una indemnización de 8.000 euros y la inhabilitación como cargo público. El fiscal, por su parte, esperará al desarrollo del juicio para establecer su calificación.

Los hechos se produjeron en 2015, cuando un menor de edad fugado fue detectado en la calle Sierra de Béjar del barrio El Carmen de Salamanca. Fue arrestado entre una marabunta de gente, además de cuatro personas por agresión a los policías, algo que ya fue juzgado y los correspondientes autores condenados. Pero entonces Gabriel de la Mora escribió: “Es la policía, más bien dos concretos policías con antecedentes de tortura, los que se han jartado a pegar a una anciana y su familia, lo que ha desencadenado la legítima defensa y que todo el barrio se acercara grabar en vídeo lo que estaba pasando”.

Y proseguía: “Luego los polis se han dedicado a cortar las calles para obligar a la gente a borrar sus móviles y así poder ocultar las pruebas de sus delitos y fechorías. A continuación se van al hospital amigo a que les prepare el consiguiente parte de lesiones para así justificar las detenciones ilegales que practican, y por supuesto mandar el consiguiente comunicado oficial con su peculiar versión de los hechos y que la acomodaticia prensa ni siquiera se planteará contrastar”.

En su defensa durante la instrucción del caso, Gabriel de la Mora asegura que es consecuencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, a la que denomina 'Ley Mordaza', pues se limitó a emitir su “libertad de expresión”. Por ello, de momento no dimite como concejal ni diputado provincial porque “en ningún código ético” se establece dimisión por apertura de juicio oral en delitos de este tipo,.

Según sus palabras, los códigos éticos “más modernos”, como “puede ser el de Ganemos”, sí establecen que tendría que dejar el cargo por asuntos de “corrupción, cohecho, malversación de fondos o delitos contra los trabajadores y violencia de género”. “No es el caso, esto es libertad de expresión”, señala.