La Junta no corta fino

La Junta no corta fino

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En el artículo de opinión del mes de septiembre de 2017 expuse la necesaria exigencia de que todas las decisiones que afectan al ámbito rural se tomasen con y por el ámbito rural y no solo desde un despacho de tecnócratas a 200 kms.


El Partido Popular ha presumido de defender a los habitantes de este entorno, de que sus políticas iban en beneficio de sus poblaciones, y las mentiras en general tienen las patas muy cortas.


Las que salen por boca y acción del PP en Castilla y León no son una excepción, y tienen poco recorrido, justo el que va del despacho de Herrera a la puerta del edificio de las Cortes.


Por que, cuando se intentan aplicar, chocan de lleno con la contundente realidad de que son normas de aplicación inadecuadas, difíciles y en muchas ocasiones contrarias a los usos, costumbres y economía del campo y sobre todo repercute en los derechos de sus  pobladores.


Y es que, pensando mal, uno empieza a imaginar qué solar quiere dejar el PP en el ámbito rural y para quién lo quiere dejar.


Un oscuro interés veo en una política treintañera, despótica, ineficaz, dañina, presuntamente negligente y, sigo pensando mal, presuntamente interesada; me viene a la cabeza Berkeley, su mina de uranio en lo que respecta a Salamanca, un proyecto muy controvertido, de administración oscurantista y con el rechazo de un país vecino al que no se le ha consultado teniendo obligación; por ello, Portugal ha pedido formalmente a España, en virtud de un protocolo firmado en 1998 sobre evaluaciones ambientales de proyectos transfronterizos, toda la documentación medioambiental al respecto.


Recientemente ha surgido otra controversia con la forma tradicional de poda y olivar de la encina o especies leñosas y es que la Junta vuelve a errar el golpe y como resultado otro  clavo torcido.


Una vez más solivianta a una parte importante de la población rural que viven de la poda y olivar de la encina y otras especies por su imposición, que no por su convencimiento.


Pone en peligro, por su ineficaz gestión política, una vez más, otro medio de vida y sostenimiento del ámbito rural, una esperanza de empleo para sus ciudadanos y un modo de fijar con ello población.


La poda y olivar de la encina en concreto, y especies leñosas en general, es una actividad muy importante del campo y para el campo, pues el rendimiento, el uso que se hace de la encina determina qué tipo de poda se realiza, una vez más la Junta vuelve a enfrentarse sin necesidad a dos titulares de importantes actividades agropecuarias, los dueños de las fincas, que mientras aseguren la existencia y el respeto por la vida del árbol, deberían tener capacidad y libertad suficiente para elegir el uso, dedicación y fin específico de su propiedad.


Y por otro lado la norma, que como toda norma que no es consensuada, crea un espacio de  inseguridad, pues una ley que no es adecuada e inapropiada impide una labor segura y económicamente factible.


Pero yo veo el fin mismo de la norma, su justificación y que creo es legítima.


Hasta ahora la poda de la encina era una actividad laboral que se escapaba al control de la Junta, una actividad económica con un movimiento de capital que en muchas ocasiones se escapa a los impuestos correspondientes; por otro lado veo una actividad laboral realizada sin los medios adecuados en lo que respecta a seguridad laboral y jurídica y que producen accidentes no tipificados como laborales que suponen un alto coste sanitario no reembolsable por no haber responsable.


Hablando se entiende la gente, es un dicho de amplio uso y que la Junta no utiliza frecuentemente. Es que tanto tiempo con mayoría absoluta crea unos modismos difíciles de cambiar.


Por ello, es tiempo de sentarse, que cada uno exponga sus necesidades y sus exigencias y yo pondré la mía que sigo manteniendo férreamente: “Dejemos de utilizar el campo salmantino como un medio del que solo se extrae y nada manufactura”.


Hay que producir, criar, sembrar y sobre el mismo territorio manufacturar y para ello la administración debe poner los medios adecuados creando normas y disposiciones administrativas que faciliten la actividad y la supervivencia económica del campo, que ya es difícil de por sí.