Izquierda Unida exige un servicio público jurídico en la Diputación

Izquierda Unida exige un servicio público jurídico en la Diputación

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Desde Izquierda Unida de León se han mostrado totalmente en contra de la propuesta del PP en la Diputación de sacar a licitación un contrato para el asesoramiento jurídico, la defensa letrada y la emisión de un máximo de cinco informes al año. Todo ello por una cuantía de 121.000 euros para la defensa letrada y la representación de la Diputación, el Instituto Leonés de Cultura y los consorcios que preside: Aeropuerto de León y Turismo.


“Que una Diputación provincial esté funcionando sin letrado da idea del afán de externalización de servicios que tiene en mente”, denuncia la Coordinadora Provincial de IU León, Eloína Terrón, porque la mayor parte de los servicios que gestiona el PP en la Diputación los privatiza.


Además, el PP, que gobierna la Diputación, deja abierta la posibilidad de realizar otras contrataciones si lo considera oportuno, es decir seguir en la misma línea de externalizar un servicio que tendría que ser propio de la Diputación.


Parece que el Partido Popular, señalan desde IU, desconfía de los profesionales públicos y le gusta solo la gestión privada, más cara para el erario público que cuando este servicio se realiza desde el personal de la propia entidad


Por ello, desde IU han exigido que la Diputación cree y dote la plaza de letrado de la misma y se contrate este personal. Su coste como trabajador público sería bastante más económico que lo que está planteando esta propuesta del PP.


Además, es indignante, señalan, que se plantee que si hay pronunciamiento favorable se abonarán gratificaciones extras. Entendemos que todo profesional lo hace bien, pues es su responsabilidad, su trabajo y va en ello su dignidad profesional, por eso nos parece indignante la propuesta de que por cada pronunciamiento favorable (en primera o segunda instancia) percibirá 700 euros (sin iva) y ante el Supremo o la Audiencia Nacional 1.600 euros (sin iva). Entendemos que la labor de un servicio jurídico es defender los casos y los intereses de aquellos a quienes representa, sin que haya que abonarle extras por su labor, y que siempre defenderán con todos sus conocimientos los intereses de la institución a la que representan.


"Entendemos que no se puede alegar que la ley de presupuestos no permite contratar, ya que es un servicio esencial para una Diputación el tener un letrado y asesor jurídico de cara al funcionamiento de la misma y a realizar una buena defensa de la gestión de los fondos públicos. Dado el coste que supone su privatización es una necesidad urgente, como en la propia propuesta se plantea. Es decir, se reúnen todas las condiciones para que se haga una oferta pública de empleo y un proceso selectivo, no pueden alegar falta de tiempo ya que esta Diputación ha hecho procesos de oferta de empleo en cinco días".