Este miércoles ha tenido lugar en Salamanca la primera reunión del grupo de acción local de la plataforma '45 Sin Despidos', un organismo que reivindica la derogación de la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería, por la que próximamente 865 militares de los acuartelamientos salmantinos deberán abandonar las Fuerzas Armadas de manera obligada al cumplir los 45 años.

Según denuncia este organismo a través de su coordinador local, Fernando García de Veas, el despido forzoso es el único punto de esta ley que está teniendo un escrupuloso cumplimento por parte de las administraciones, por eso piden su derogación. La normativa afecta al personal de tropa no permanente, es decir, soldados, cabos y cabos primeros que ejercen sus funciones en las Fuerzas Armadas de forma temporal.

Cabe destacar que estos militares podrían acceder a una plaza fija a través de una oposición y prolongar de este modo su permanencia. El problema, según denuncian, es que apenas se convocan plazas. “Este año han salido 150 plazas a nivel nacional para 70.000 personas”, cifra García de Veas. De hecho, según los datos que ha ofrecido a NOTICIASCYL, en España el número de afectados por estos despidos automáticos asciende a 53.000 militares y en Salamanca, a 865 personas y sus familias.

Los militares adscritos a la plataforma '45 Sin Despidos' denuncian además que el no cumplimento de la legislación por parte de las instituciones está dificultando su inserción en el mundo laboral civil. Lo cierto es la norma recoge que “a los militares profesionales de tropa y marinería se les facilitará los medios necesarios de orientación, impulso y apoyo para su plena incorporación al mundo laboral, al término de su compromiso”. Sin embargo, los militares revelan que “no se hace ningún tipo de seguimiento desde el Servicio Público de Empleo para monitorizar la búsqueda de empleo”, por lo que denuncian una situación de abandono institucional.

La Ley de Tropa y Marinería contempla, además, que estos profesionales, una vez son despedidos de manera forzosa, pasan a ser reservistas de especial disponibilidad y reciben a cambio una asignación no contributiva. Sin embargo, esta paga implica que el Ministerio de Defensa puede 'activar' a cada uno de estos soldados en caso de situación de guerra. Por lo tanto, advierten la paradoja de que la Administración considera inhábil a este personal a los 46 años, aunque puede reclutarlo para acudir a un conflicto armado, por ejemplo, a los 64 años.

La propuesta de la plataforma es que no se despida a este tipo de profesionales, sino que se les ubique en los puestos más apropiados para sus capacidades laborales. “El Ejército está modernizado, ya no tenemos que desempeñar una labor totalmente física. Pueden guardar un 25% de plazas para ese tipo de funciones y el resto, puestos logísticos, de apoyo o en las cocinas, que sean para el personal que están echando a los 45 años”, sugiere el coordinador salmantino.

En el fondo, '45 Sin Despidos' denuncia un caso de privatización de servicios que asegura no resulta rentable económicamente para la Administración. “Lo que están haciendo es echarnos a nosotros y subcontratar personal que puede llegar a costar 5.200 euros mensuales por trabajador, cuando a nosotros nos pagan unos 1.000 euros”, sostiene García de Veas aludiendo a diferentes estudios realizados en este sentido.

En cualquier caso, la reunión celebrada este miércoles es el primer paso que da esta plataforma en Salamanca y prometen 'dar guerra'. Tienen previsto reunirse a corto plazo con diferentes instituciones y partidos políticos a fin de impulsar mociones que puedan culminar con la derogación de esta Ley. Incluso están dispuestos a colaborar con entidades públicas en la celebración de eventos de manera altruista para recordar su valía y concienciar a la población acerca de su situación. “Estamos en el Ejército porque tenemos vocación de ayudar a la gente”, insisten.

Eso sí, la plataforma '45 Sin Despidos' advierte que de no conseguir avances significativos no descartan salir a la calle y convocar movilizaciones. Sería un nuevo sector que acude a las manifestaciones públicas para reivindicar sus derechos laborales, tal y como han hecho en los últimos tiempos policías, sanitarios, educadores, trabajadores de justicia o de Correos, entre otros.