La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido del "desmantelamiento" de la Inspección de Consumo en Castilla y León, que aseguran que se va a convertir en una "inspección florero" ante el progresivo descenso de personal, disminución de retribuciones o falta de medios para defender los derechos de los consumidores y usuarios.

Así lo han afirmado durante una rueda de prensa, coincidiendo con la celebración este jueves dle Día Internacional del Consumidor, el vicepresidente del sector de Administración General de la Junta de CSIF, Carlos Alfonso González, y los inspectores David Amo y Marta San José.

González ha señalado que el sindicato exige que se acabe con el "desmantelamiento" y el "descabezamiento" de la Inspección de Consumo por parte de la Junta de Castilla y León, que actualmente sólo cuenta con 36 profesionales cuando en la relación de puestos de trabajo figuran 55, para lo que han enviado varios escritos al Ejecutivo autonómico, tanto desde CSIF como a título personal los propios trabajadores.

Entre los problemas que ha señalado se encuentran, además de la falta de personal, unas peores condiciones retributivas de lo que se solicitaban con el incremento de uno de sus complementos o la posibilidad de que las plazas de jefes de Sección, que asesoran y dirigen a los inspectores, las ocupen funcionarios que no tienen por qué tener experiencia en éste área, ya que se ha dejado de valorar los méritos de los inspectores, personal que tiene que entender de "múltiples" leyes para cumplir con su labor.

A este respecto, el sindicato ha concretado que en León el jefe de sección ya no es inspector, pero al menos otras cinco provincias se podría producir esta situación en los próximos meses.

El responsable de CSIF ha criticado que la Inspección haya pasado hasta por siete consejerías diferentes o la reforma de la ley que regula el Estatuto del Consumidor, que ha fijado cuestiones como el hecho de que obstaculizar la entrada de un inspector sea una falta leve, por lo que sale mejor actuar así que permitir que entre y encuentre una falta grave, cuestiones que hacen que se incumpla el Estatuto de Autonomía por no garantizarse la protección de los consumidores.

Según el sindicato en todas las provincias hay menos personal del que marca la relación de puestos de trabajo, lo que hace que aumente el ratio de inspecciones por población, pero además la situación puede llegar a ser "insostenible" con las jubilaciones que se pueden producir próximamente, ya que sólo se han convocado cuatro plazas para este año.

Falta de medios

El inspector David Amo ha asegurado que se pierde personal pero también competencia técnica ante la posibilidad de que las plazas de jefe de sección las ocupen funcionarios que no son inspectores, además de haber asumido las competencias provinciales, pero a todo eso se suma la falta de medios.

Así, ha relatado que no se cuenta con un laboratorio propio en Castilla y León y la reducción de personal del de Barajas, al que envían las muestras, lo que supone un retraso importante en los análisis, o un programa informático "que tiene más de 25 años, es de la época del Windows 3.1", ha afirmado Amo, quien ha aclarado que llevan más de seis años esperando un programa que creen que no van a ver.

Todo ello hace que haya personal que desea llegar a la jubilación ante la sensación de "fracaso laboral" e "impotencia", sin medios para trabajar adecuadamente o la falta de reconocimiento. Así, ha asegurado que todo el grupo de inspectores ha firmado un escrito en el que afirman que la situación es "insostenible".

"El 90 por ciento de los inspectores se iría a otros cuerpos porque el trabajo cada vez es menos efectivo", ha asegurado David Amo, quien cree que no se solucionan los problemas y se tiene "una inspección del siglo XIX en el siglo XXI", con todos los cambios que se han producido en los hábitos de consumo.

Entre las consecuencias que ha citado están la reducción de inspecciones, la citada disminución de competencia técnica, la falta de reconocimiento del personal, salarios más bajos y una normativa que deja sin cobertura a determinados colectivo vulnerables como los mayores, dado que tiene que haber un perjuicio económico muy grave para que haya una actuación contra prácticas agresivas o abusivas, lo que afecta en gran medida a los mayores.

David Amo ha asegurado que, de esta forma, los consumidores sólo pueden acudir en algunos casos a la vía judicial, que "cuesta dinero" y no se acude a ellas por ser cuantías pequeñas, pero en el caso de las grandes a veces se desiste por no tener seguridad para ganar el pleito.

Así, a su juicio se va a llegar a tener una "inspección florero" porque "poquito a poco" se le van quitando cosas y se va a llegar a la máxima de que el consumidor tenga cuidado porque si le "engañan" es su responsabilidad, algo que "no es la máxima de la defensa del consumidor".

En la misma línea, Marta San José ha expresado la "sensación de abandono" debido a una carga mayor de trabajo y ha criticado también que los inspectores tengan "cerrada" la carrera profesional, a diferencia de otros funcionarios, al tratarse de un Cuerpo especial.