La revisión de los criterios para el suministro de la Hormona del Crecimiento (GH) y la asunción de gastos farmacéuticos por parte de la Junta de Castilla y León, en los casos prescritos por los especialistas, es la propuesta de resolución que se debatirá el miércoles en el pleno de las Cortes de Castilla y León.

El PSOE pedirá en las Cortes “revisar los criterios que aplica el Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento de Castilla y León y que, conforme a los nuevos criterios, se revisen aquellos casos en los que el especialista hubiera o haya prescrito tratamiento con Hormona del Crecimiento (GH) y, que, con efectos retroactivos, se proceda en consecuencia al reintegro de gastos farmacéuticos derivados que se justifiquen”.

La PNL es una iniciativa presentada por los procuradores socialistas José Ignacio Martín Benito, Ana Sánchez Hernández y Mercedes Martín Juárez, que ya fue debatida en la Comisión de Sanidad el 13 de febrero de 2017. Al producirse un empate en la Comisión (el PP votó en contra), la propuesta se debate ahora en el Pleno de las Cortes.

La GH es una prestación directamente facilitada y financiada por el sistema nacional de salud, existiendo una jurisprudencia estimatoria de que debe ser la administración sanitaria la que debe garantizar el derecho de los pacientes a la prestación farmacéutica. Como jurisprudencia estimatoria podemos citar las sentencias del TSJ de 28 de abril de 2014, de 18 de mayo de 2011, de 6 de abril de 2011, de 5 de octubre de 2007, de 4 de febrero y 28 de octubre de 2009, de 4 de junio de 2008, etc. La denegación del tratamiento por parte del Comité Asesor de la Hormona del Crecimiento de Castilla y León de excluir del protocolo de actuación pública ha obligado a las familias afectadas a dejar a sus hijos sin el tratamiento prescrito por el facultativo especialista o a costear directamente dicho tratamiento de su propio bolsillo, con el consiguiente esfuerzo económico familiar. La media de un tratamiento con GH supone a las familias una media de 30.000 euros. Varias familias han recurrido a los tribunales al habérsele negado por parte de la Junta.

En Castilla y León, hay 22 sentencias desfavorables a la Junta entre 2007 y principios de 2017, en relación con los tratamientos con Hormona del Crecimiento. Éstas, corresponden a las provincias de Burgos, Palencia, León y Valladolid. El importe abonado por la Junta derivada de las sentencias asciende a 618.752,95 € y por reintegro de gastos a 122.379,08 €, según reconoce la propia administración en respuesta parlamentaria los procuradores socialistas, con fecha de 29 marzo 2017.