El sindicato Comisiones Obreras ha pedido a la Consejería de Sanidad que dé "marcha atrás" con las unidades de gestión clínica (UGC) y se deje de "caprichos" y "experimentos" de gestión empresarial que cuestan 70 millones cuando no paga deudas contraídas a los profesionales que superan los 50 millones.

Así lo han explicado en rueda de prensa la secretaria general de la Federación de Servicios Sociosanitarios de CCOO Castilla y León, Ana Rosa Arribas Muñoz; la secretaria de Acción Sindical del Sector Sanitario de la Federación, Dalia Madruga Garrido; el secretario institucional de la Federación, Salvador Escribano; y el letrado del Servicio Jurídico del sindicato Juan Carlos Hernández Moreno.

Se han referido así a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que ha anulado la constitución de las unidades de gestión tras el recurso presentado por Comisiones Obreras, un fallo que es recurrible ante el Supremo, paso que el sindicato considera que sería un "grave error" por parte de la Administración, aunque le serviría para ganar tiempo, regularizar las unidades y no desmontarlas, por lo que considera que es cuestión de "voluntad política".

Escribano ha recordado que una sentencia anterior de 2014 ya anulaba la creación de las unidades "piloto" de Zamora y Valladolid, aunque nunca llegaron a desmontarse, y ha incidido en que la anulación por vulnerar la negociación colectiva es algo que no van a permitir.

Además, ha criticado lo que considera un "capricho" del consejero y un "experimento" de gestión empresarial que tendrá un coste de 70 millones de euros que no se presentó a los sindicatos, cuando debería abonar deudas a los profesionales que superan los 50 millones de euros entre los 20 millones de las guardias que no se han pagado desde hace años a pesar de su reconocimiento o los 30 de la aplicación de la Carrera Profesional, a lo que está obligada la Consejería.

Por su parte, Dalia Madruga ha pedido "marcha atrás" en una cuestión que al final "ha saltado por los aires" con esta sentencia y ha criticado el daño que se ha hecho a los profesionales con mermas económicas o modificaciones de turno o a los ciudadanos con fondos públicos gastados "indebidamente", con "oscurantismo", aumentos de conciertos o falta de calidad, ya que se ha reducido en algunos casos la compra de material porque es "muy caro" dentro del intento de una mejor gestión.

Extensión como "alianzas"

Además, ha advertido de que las unidades se expanden como "alianzas estratégicas" como en el caso de la Unidad de Salud Mental y el Servicio del Hospital Río Hortega, ya que éste último trabaja como unidad sin haberse conformado como tal, con un mismo jefe, Manuel Franco, sin haberlo publicado ni que haya un nombramiento.

Precisamente a este respecto, Ana Rosa Arribas ha advertido de que la situación que quizá es "más grave" es la de la esta unidad y su alianza con el Río Hortega, algo que "a lo mejor" llevan también a los tribunales después de todo esto.

En concreto, ha criticado "supuestas amenazas" a profesionales de este servicio como el caso de enfermeras tituladas en Salud Mental que no pueden trabajar en otra unidad, por lo que o lo hacen en ésta o se tienen que ir fuera. "Supuestamente porque el jefe de Servicio de Psiquiatría lleva muy bien lo de la Ley Mordaza y si se dice algo se denuncia", ha añadido.

Arribas ha censurado que además se trate de instalar la gestión económica, organizativa y administrativa en los profesionales cuando no se ha evaluado la gestión que se venía haciendo hasta el momento, ya que si ésta no funciona debería cambiar a sus responsables, pero no se hace, de manera que al final lo que se hace es "duplicar" a gestores.

En esta línea, ha aclarado que hay profesionales que "saben de economía de la salud", que es otra cosa, y otros que optan por la gestión administrativa, de hospitales o centros de salud, pero que llegan "por voluntad propia" y a través de los procedimientos establecidos en la Función Pública.

"Las ocurrencias del consejero son muy graves, no se puede dejar pasar para profesionales y usuarios que van mermando el acceso a la calidad", ha señalado la secretaria de la Federación, que ha reiterado que la sentencia ratifica el "desprecio" a la negociación colectiva y la "irresponsabilidad" del consejero en el destino del dinero público, cuando tiene que decir cuánto van a costar las medidas a poner en marcha cuando se negocia.

Reunión con Fernández Mañueco

En este marco, Ana Rosa Arribas también ha anunciado que han pedido una reunión con el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, dentro del conjunto de reuniones que ha asegurado que va a mantener con los profesionales y colectivos sanitarios.

Arribas ha aclarado que se pretende hablar de éste y otros temas, pero en el caso concreto de las unidades de gestión clínica ha incidido en que entienden que demorar el cumplimiento de la sentencia lo que se tarde en resolver un recurso y no desmontar las mismas sería "poner en riesgo la sanidad".

En esta línea el abogado de CCOO ha advertido e que la sentencia debería hacer "recapacitar" a la Administración porque hay una cuestión "clave" en todo lo que se refiere a las unidades de gestión que la sentencia recoge y es que no se presentó una memoria y una evaluación de los costes, cuando precisamente éste era el motivo que justificaba su creación, una "mayor eficiencia".