El Comité de Empresa de Sanidad y Familia, que representa al personal de la Gerencia de Servicios Sociales de Salamanca, denuncia la imposibilidad de negociación sin poder llegar a ningún acuerdo, así como el grave deterioro en que se encuentran los centros en la provincia charra, tanto de menores como tercera edad y discapacitados, por lo cual organizará asambleas y prepara una gran manifestación en marzo.

Según explicó el presidente del comité de empresa, José Antonio Casado, llevan denunciando esta situación desde hace cuatro años, pero “la situación incluso ha empeorado”, pues entonces el comité representaba a 580 empleados y ahora a unos 550, "es como si se hubiera realizado un expediente de regulación de empleo en el diez por ciento de la plantilla, que ya es decir". Así, “se está llegando incluso a ignorar los escritos de este comité en cuanto a petición de datos y la situación de los centros”, porque “con el nuevo gerente todo se impone”.

El comité de empresa puso como ejemplo que hay plazas sin cubrir en los centros de atención de personas con discapacidad, “por la desidia en la promoción de los centros”, lo que a su vez provoca una reducción de plantilla y la eliminación de plazas. Y donde se mantienen, como es el caso de los centros de educación infantil, el trabajo es mayor, con más horas laborales y menos descansos. “La gerencia quiere que sea más una guardería que un centro de educación infantil, sometido a una ley determinada”.

Y en lo que respecta a las residencias de tercera edad, el centro San Juan de Sahagún ha reducido a la tercera parte las plazas, esperando a la prometida construcción del nuevo edificio, “si llega, que ni sabemos cuándo empezará, pero lo que sí han hecho es reducir las plazas y cerrar plantas”. Así, las bajas laborales no se cubren con sustituciones y se redobla el trabajo entre la plantilla que queda.

Para ejemplificar el deterioro de los servicios sociales, el propio edificio de la Gerencia no cumple la normativa de accesibilidad. A lo que se añade “la presión insostenible a la que están sometidos los trabajadores”. Es el caso de los empleados del centro de menores Los Molinos, cuyos adolescentes cada día protagonizan más episodios violentos porque se están mezclando perfiles de atención por el desinterés de la Junta de Castilla y León en un centro que se quiere convertir en una especie de gueto.