El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha afirmado este viernes que el exjefe de mantenimiento del Ayuntamiento Luis Alberto Samaniego --para el que la Fiscalía pide una pena de once años por la adjudicación supuestamente irregular de contratos y el Ayuntamiento, 15-- no pudo actuar "sin alguien por encima" que hiciera "la vista gorda".

"Eso no se puede hacer durante 14 años si no hay alguien por encima que hace la vista gorda", ha aseverado Puente en una entrevista en RNE recogida por Europa Press. Según el dirigente socialista, alguien "estuvo tapando" las actuaciones del exfuncionario municipal.

Preguntado si cree que fue el anterior alcalde de la ciudad, Francisco Javier León de la Riva, Puente ha asegurado que le "cuesta creer" que fuese el regidor, pero ha recalcado que "está claro" que Samaniego "gozaba de protección" en la Casa Consistorial.

Recuperar el dinero estafado 

El portavoz del PSOE ha dicho esperar que el Ayuntamiento recupere "una parte" del dinero estafado en el denominado 'caso Samaniego'., para el que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha dictado apertura de juicio oral.

Los delitos imputados a Samaniego --de fraude a la administración, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento mercantil, junto con estafa-- obedecen a los sobrecostes de 2,4 millones de euros que el Consistorio pagó entre los años 2000 y 2014 por la adjudicación de obras municipales a las empresas del que fuera jefe del servicio de Mantenimiento.

La acusación pública pide para el principal inculpado un total de once años de cárcel, su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años y multas por importe de 7.776 euros.

Para su hijo, Luis Javier; su primo y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, pide ocho años para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.

Además, todos los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnizarán al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas y en aquellas otras cantidades que se acrediten en el juicio oral, cantidades que devengarán el correspondiente interés legal, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.