El actual director general de Industria y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, y la ex viceconsejera de Economía, Begoña Hernández, investigados por presunta prevaricación por la modificación unilateral de las tarifas por el servicio de ITV, han alegado que en todo momento siguieron las directrices marcadas por el entonces consejero de Economía, el ya fallecido Tomás Villanueva, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El que en la fecha de los hechos era director general de Industria e Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía y Empleo y la que ocupaba la Viceconsejería de Economía han declarado esta mañana en el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid con casi dos horas de retraso respecto del horario inicialmente previsto, hasta poder contar con una sala libre con sistema de grabación, en el marco de la querella presentada por la sociedad patrimonial Amitjugoett A.B. que en calidad de perjudicada reclama a la Administración regional más de 36 millones de euros.

Durante el interrogatorio, prestado en primer lugar por Carlos Martín Tobalina, asistido igual que Hernández por los servicios jurídicos de la Junta, el investigado ha apuntado que las resoluciones dictadas por él que supusieron congelar las tarifas por el servicio de ITV relativas a los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 que prestaba el Grupo Itevelesa siguieron las indicaciones del aludido Tomás Villanueva y que, en cualquier caso, la motivación de su proceder obedecía al "interés público y la legalidad".

Tras su declaración, en la que también ha apuntado no tener constancia de que existiesen obligaciones de indemnizar por parte de la Junta, la también investigada Begoña Hernández, quien desestimó los recursos de alzada de la empresa querellante contra la congelación de tarifas dictada entre 2012 y 2014, ha coincidido con el anterior en que actuó cumpliendo órdenes de su jefe, el fallecido Villanueva, mientras que con respecto a otros detalles ha alegado no recordar mucho más.

La ex viceconsejera ha reconocido la existencia de sentencias contrarias a la Junta de Castilla y León en este litigio pero no ha sabido concretar las actuaciones que está adoptando el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera con las entidades concesionarias, ya que lleva bastante tiempo alejada de la Administración regional.

Relación de los querellantes

Tras lo manifestado por ambos, el empresario Fernando Rodiño, cuya familia es propietaria de Amitjugoett AB, en contra de lo manifestado por Martín Tobalina, ha precisado que si bien los recursos interpuestos por parte de Itevelesa fueron desestimados inicialmente en alzada por resoluciones firmadas Begoña Hernández, con posterioridad fueron estimados por la jurisdicción contencioso-administrativa, "habiéndose condenado a la Junta de Castilla y León a pagar indemnizaciones millonarias ocasionando esta situación un claro perjuicio a los intereses de los ciudadanos castellano leoneses".

Asimismo, el empresario de origen vallisoletano, en declaraciones a Europa Press, apostilla que esta acción legal contra la Junta se enmarca dentro de las actuaciones que, en su condición de directivo de Itevelesa, inició en defensa de los intereses de la compañía, accionistas, trabajadores, incluidos los de las propias entidades financieras, actualmente dueñas de la mercantil con ocasión de la apropiación, mediante la ejecución de garantías, de las acciones de Itevelesa el pasado 2 de noviembre de 2015, y que actualmente esta participada mayoritariamente por el fondo británico Hayfin.

Adicionalmente, Rodiño aclara que un despacho de abogados internacional fue quien asesoró a Itevelesa sobre la interposición de la querella, si bien finalmente entre todos los accionistas perjudicados fue únicamente dicho empresario vallisoletano el que han adoptado esta acción legal.

La querella, tras la cual se encuentra la familia Rodiño, fundadora de Itevelesa en 1982, fue inicialmente sobreseída por el juzgado a través de un auto de fecha 16 de diciembre de 2016 revocado posteriormente el 25 de octubre del pasado año por la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid.

La querellante, con sede en Suecia, en su condición de exaccionista en Itelevesa al 15,9%, situaba a los querellados como principales responsables del perjuicio económico derivado de la modificación a la baja de las tarifas por el servicio de ITV que prestaba Itevelesa.

Entre dicha operadora y la Junta se formalizaron una serie de contratos a partir del año 1989 en virtud de los cuales la primera recibió la adjudicación de la explotación de las estaciones para la realización de la ITV, todo ello conforme a unas determinadas cláusulas y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Estado.

La adjudicataria había realizado un estudio previo de los márgenes de explotación y de las previsiones de rentabilidad que podía reportarle la explotación de tales concesiones, aunque admitiendo el principio de "riesgo y ventura" inherente a los contratos de concesión administrativa.

La querella implicaba también al entonces máximo responsable de la cartera de Economía, el fallecido Tomás Villanueva, por modificar unilateralmente, a través de una orden de 7 de octubre de 2014, los contratos de concesión del servicio de ITV, aplicando a los mismos una rebaja de un 20% en las tarifas y modificando el sistema de actualización de las mismas, que pasó a ser discrecional por parte de la Junta.

La acusación particular tiene aportada al procedimiento una grabación con conversaciones donde se alude a posibles motivos que podrían explicar el cambio de criterio de "los responsables de tomar las decisiones que afectan a Itevelesa", lo que abriría la posible comisión de otros delitos que no han sido valorados por el instructor. Dicha grabación ha sido incorporada por la juez como pieza de convicción.