Los sindicatos han respaldado la regulación del Gobierno sobre el cierre de las centrales de carbón ante el informe emitido la pasada semana por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que, según el secretario de minería de UGT, Víctor Fernández, "permite no dar pie" a los cierres de las centrales de carbón.

"La CNMC se tiene que dedicar a hablar de los mercados y la competencia, no de sistemas productivos", ha apuntado Fernández, sosteniendo que a la hora de "pedir el cierre de una central hay legislación vigente actual para impedirlo". Esta legislación, ha subrayado, "dice cómo no se debe cerrar una central".

Por su parte, el coordinador industrial de CCOO, Jesús Ignacio Crespo, ha subrayado que el Gobierno tiene una ley que "define que para el cierre hacen falta unos dictámenes, y a partir de ahí tienen que desarrollar un escrito para esa central". También dice que si es necesaria para el suministro, no se puede cerrar", ha zanjado.

Los sindicatos han expuesto su punto de vista sobre el informe de la comisión en declaraciones a los periodistas previas a la celebración de la primera sesión de seguimiento sobre el Plan del Carbón, de la que esperan salir "con una fecha" sobre la mesa para la próxima reunión, según ha afirmado el representante de UGT.

El Gobierno activó el procedimiento para aprobar el real decreto para endurecer las condiciones para el cierre de centrales el pasado mes de noviembre, después de que Iberdrola solicitara la clausura para sus plantas de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia).

En su informe, la CNMC considera que el decreto introduce "una excesiva discrecionalidad y crea inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducente para la competencia en el sector eléctrico".

El organismo estima que el real decreto introduce nuevos criterios para denegar el cierre de las centrales, adicionales al de seguridad de suministro, como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, exigencias que ni la Ley del Sector Eléctrico ni la normativa europea contemplan.

El Ministerio de Energía plantea que en el caso de que se deniegue la autorización al propietario de la central, éste podrá transferir la central a terceros o adherirse a un procedimiento de subasta reglado, solución que, en última instancia, podría llevar a que, si no hay interesados en la subasta, se adjudique a un tercero a cambio de una compensación.

Así, la CNMC considera que estos criterios adicionales no están incluidos en la Ley del sector eléctrico y podrían ir en contra de la normativa europea recogida en la propuesta de la Comisión Europea de Reglamento relativo al mercado interior planteado en el conocido como 'Paquete de Invierno'.