Los jueces y juezas de Castilla y León concluyeron en el tercer trimestre de 2017 un total de dos procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra ocho personas. En el conjunto de España, el número de procedimientos se eleva a 20 y los procesados son 99, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, recogidos por Europa Press, tras la incorporación de la información correspondiente al tercer trimestre del año.

El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores -personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Un 80,9% de sentencias condenatorias 

Entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre, los Juzgados y Tribunales españoles dictaron 21 sentencias en procedimientos por corrupción--ninguna en Castilla y León--, de las que 17 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 80,9 por ciento del total.

El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.

La cifra que recoge la base de datos, y que en este caso corresponde al último trimestre del año pasado, es de 69 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de prevaricación administrativa, malversación y prevaricación urbanística -es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico-.

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario -como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de enero de este año había en España 74 penados -en 40 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 21 con el de cohecho- y 13 preventivos.