La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, inicia movilizaciones en el sector de Correos por el recorte en la financiación de 123 millones de euros que sufrirá esta entidad, previsiblemente, en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

El sindicato comienza las protestas en Correos coincidiendo con las concentraciones convocadas por CSIF el próximo 31 de enero en toda España por la mejora de las retribuciones de los empleados públicos. Las concentraciones se realizarán ante las subdelegaciones del Gobierno y en el caso de Madrid, en el complejo de los Nuevos Ministerios. Estas protestas culminarán el próximo 24 de febrero en una gran manifestación en Madrid.

CSIF considera que el Gobierno debe garantizar la prestación del servicio público que proporciona Correos, uno de los más valorados por los ciudadanos, que cohesiona el territorio español. “No hay que olvidar la importancia del servicio postal universal para los ciudadanos de las zonas rurales más desfavorecidas, territorialmente aislados y tecnológicamente indefensos. Por eso no se entiende cómo se ha pasado de los 180 millones de euros de 2016 a los 57 millones previstos para 2018 (123 millones menos)”, argumenta el sindicato.

“Es imperdonable la actuación del Gobierno. Contrariamente a lo que han hecho los Gobiernos de la Unión Europea con sus operadores postales, el nuestro ha dado la espalda al Plan Estratégico 2017-2021 Postal y Logístico, aprobado por Correos, en clara cesión a la presión de la patronal de paquetería UNO, que no está dispuesta a que Correos entre en el reparto del mercado más rentable, con crecimientos de más del 20% anual.”, señala el presidente de Entidades Públicas Estatales de CSIF, Manuel González Molina.

“Mientras, los Correos europeos, camuflados bajo la marca de filiales de paquetería neutras (SEUR, DHL, MediaPost, etc.), se pasean delante de nuestras narices quedándose con la mayor tajada de ese crecimiento”, añade González Molina, que recuerda que el convenio/acuerdo de Correos está congelado desde 2013, con recorte y congelación salarial (pérdida de poder adquisitivo desde 2011 de hasta el 14%) y falta de plantilla (destrucción de 15.000 empleos).

Por eso exigen al Gobierno que reconozca la mala situación actual de la empresa y actúe consecuentemente. “Esto redunda en un peor servicio a los ciudadanos, empleo estructural cubierto ilegalmente, desregulación y precarización de unas condiciones laborales llevadas al límite. Por no hablar de los serios problemas de tesorería por ellos generados, lo que puede conducir a recurrir a préstamos para pagar la nómina”, concluye CSIF.