El Parlamentario socialista salmantino ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno para conocer  cuántos municipios en la provincia de Salamanca cuenta con superávit en los últimos 5 años, cuáles son estos municipios, y cuál es la cuantía de dicho superávit desglosada por año.

Serrada ha recordado que los Ayuntamientos españoles tienen en los bancos más de 27.500 millones de euros sin poderlos gastar porque el Gobierno no les deja. El gobierno del PP, con el ministro Montoro a la cabeza, está castigando a los Ayuntamientos cumplidores que tienen sus cuentas saneadas, entre los que se encuentran muchos de Salamanca, pero que debido a la regla de gasto no pueden gastar ese superávit en cuestiones que afectan directamente a sus habitantes.

Desde el PSOE de Salamanca se seguirá exigiendo una solución urgente al Gobierno para que el superávit de los Ayuntamientos se pueda emplear en políticas de empleo, políticas sociales, políticas de igualdad, para la juventud, crear infraestructuras, etc…, en definitiva que de una vez por todas el Gobierno pase de las palabras a los hechos.

Por eso, Serrada quiere conocer cuál es la realidad de los Ayuntamientos de la provincia con datos que facilite el propio ministro Montoro. Los socialistas son conscientes de que muchos municipios salmantinos tienen superávit y que Montoro les impide que puedan destinar ese dinero a políticas sociales, a políticas de bienestar para los ciudadanos.

Impide consolidar el Estado de Bienestar

A juicio del diputado socialista salmantino el Gobierno del PP impide con su normativa a los Ayuntamientos que se consolide el Estado del Bienestar, que se combata la creciente despoblación que asola la provincia salmantina especialmente en aquellas zonas y comarcas rurales con grandes deficiencias y carencias tanto en este tipo de políticas y de servicios como en infraestructuras.

A lo que hay que sumar el empecinamiento del Gobierno, con la complicidad de la Junta de Castilla y León, por las políticas de recortes y de injerencia en la autonomía local que tanto daño están haciendo al bienestar y el asentamiento de población en provincias como la de Salamanca. Las limitaciones y el aniquilamiento de la inversión en infraestructuras y servicios públicos lo único que consigue es que a los ciudadanos, especialmente los que habitan en municipios rurales, no puedan tener lo que necesitan y que, en la mayoría de los casos, es un derecho.