El procurador de Valladolid, Carlos Chávez, ha registrado hoy una proposición no de ley para pedirle a la Junta que la futura residencia de ancianos de Medina del Campo sea de titularidad y gestión públicas.

«La Junta debe cumplir sus compromisos de 2008, que eran construir la residencia y que fuese pública, porque la atención a nuestros mayores es un derecho esencial que no puede depender de que uno tenga dinero o no, tal y como sostiene el Partido Popular», afirmó el procurador.

Se trata de que la Junta desista de aplicar su modelo de privilegiar a las minorías que más tienen, que consiste en construir con el dinero público instalaciones para un servicio que será explotado por empresas privadas, con una cobertura de plazas públicas mínima.

En este sentido Carlos Chávez afirmó que «la gente está pagando dos veces por un derecho básico: primero vía impuestos, cuando la administración construye el edificio o subvenciona una parte de la operación, y luego cuando la persona paga por su plaza en la residencia, lo cual es inadmisible e injusto».

Ante la inminencia de la firma del convenio entre el ayuntamiento y la Junta para la construcción de este centro, que será de gestión privada y con solo un 40 por ciento de plazas públicas, la proposición recuerda que es responsabilidad de la Junta desarrollar el tipo de modelo de prestación de servicios y hace un recorrido por las distintas iniciativas que no se han llegado a debatir nunca en las Cortes sobre este tema, incluida una en la que el Partido Popular presionaba al ayuntamiento de Medina para que se avenga a sus planes de dar el servicio de forma semiprivada.

A este respecto debemos recordar que la competencia sobre la construcción y la prestación del servicio es autonómica y que la Ley Montoro impide, en la práctica, a los ayuntamientos hacer grandes desembolsos para políticas sociales, como financiar plazas públicas o construir residencias, por lo que una entidad local solo puede aceptar los términos que propone la Junta o rechazarlos.