Comisiones Obreras de Castilla y León, por medio de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS-CCOO CyL), ha enviado a la Gerencia Regional de Salud del Sacyl un documento en el que le propone una serie de medidas encaminadas a reducir el elevado número de agresiones que sufren los/as profesionales de la sanidad pública en esta Comunidad. Se trata de una propuesta seria y factible, basada en la normativa y recomendaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Se trata de una serie de medidas preventivas sobre el entorno de trabajo, que entre otras cosas permitan al trabajador acceder a zonas seguras con rapidez, medidas sobre el procedimiento de trabajo, empezando por la adecuación de plantillas, procedimientos de emergencia o rotación en puestos de alto riesgo, y medidas referentes a sistemas de seguridad, teniendo en cuenta su proporcionalidad al riesgo.  Y, por supuesto, el apoyo a las víctimas, no sólo por sus consecuencias físicas, sino también por las emocionales.

En el ámbito laboral las situaciones de violencia acaban generando entornos nocivos y tóxicos, lo que repercute no sólo sobre los actores directamente implicados, sino también sobre Sacyl en su conjunto y, en cierta medida, sobre la sociedad en general. Así, los efectos negativos de las agresiones en el trabajo tienen una incidencia directa sobre la salud y la seguridad de los/as trabajadores/as expuestos a estas situaciones. Pero también la propia administración sanitaria se ve perjudicada.

En primer lugar, porque la proliferación de comportamientos violentos otorga una sensación de impunidad a los agresores y de indefensión a las potenciales víctimas.

En segundo lugar, porque los costes económicos derivados del absentismo y de la falta de rendimiento son importantes.

En tercer lugar, el Estado también resulta afectado al mermar su papel de garante de los/as trabajadores/as frente a las situaciones de violencia en el trabajo, y por el coste que debe soportar el sistema público de Seguridad Social al hacerse cargo de las prestaciones económicas y de asistencia sanitaria que se derivan de los daños en la salud de las personas trabajadoras afectadas.

La actuación frente a las agresiones ha de ser proactiva, por lo que no se puede circunscribir, exclusivamente, a las denuncias puntuales. Esto exige el desarrollo e implementación de un programa sistémico de actuación, que se oriente a lograr entornos de trabajo más saludables, centrándose en los factores organizativos y psicosociales, que involucre a toda la organización.