La Constitución, en el Art. 50 CE, recoge que los poderes públicos garantizan por medio de unas pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica de los ciudadanos pensionistas

El concepto de actualización -que pareciese debía estar claro y nítido- por ser parte del articulado de una Constitución, donde su exposición y positivización -simplemente debe estar- y su aplicación tácita y explícita; el bipartidismo siempre tiene o ha tenido una muy particular forma de entender, de aplicar la Constitución, una forma ambigua, torticera como lo es en este caso, el espíritu del artículo en cuestión que está fijado en los Pactos de Toledo, violentado por el PSOE primero y el PP después.

Lo que se trataba de proteger con este artículo es la pérdida de capacidad económica de los pensionistas por medio de una revalorización acorde con el IPC.

Unas pensiones periódicamente actualizadas “no quiere decir que cada partido político que llegue al poder actualice el objetivo de las mismas adecuándolas, sobre todo, a su único criterio y necesidad”. Esta no es la actualización a la que se refiere la Constitución.

La actualización, la verdadera, la válida es que nunca debe perderse  la capacidad económica de las pensiones tratando de regular la misma para nunca quedarse por debajo de la subida del precio de los bienes de primera necesidad.

Los números, lo que realmente interesa a los beneficiarios, la revalorización de las pensiones al 0,25% del IPC en el 2017 y la congelación que decretó el PSOE en la reforma de la regla de valorización en el año 2010 -es que en ambos casos- el cambio de la regla de valoración nunca igualaría al IPC  y que suponía y supone -por que el problema sigue existiendo- una pérdida del poder adquisitivo, que pondría y pone en peligro para los pensionistas el acceso y disfrute a tres derechos de la Constitución.

El primero es que,  leyendo en todo su contexto el citado (Art. 50 CE), no se cumple lo marcado en el primer párrafo. Entendamos lo que significa unas pensiones adecuadas y que características deben tener para que sean adecuadas: deben ser apropiadas, aptas, convenientes, oportunas y lógicas.

¿Tiene esta regla de valoración, la del PP del 0,25%  o la congelación del 2010 del PSOE, la calificación de adecuada? veamos:

• No son apropiadas porque entre los sinónimos que tiene esta palabra se encuentra la de decente y, si hay o debería haber una obligación que por decencia debería cumplirse, es la de tratar a nuestros mayores como querríamos que nos tratasen posteriormente.
• No son aptas para las personas mayores que, cuando cotizaban no les congelaron esas cotizaciones ni se las redujeron al 0,25% sin perder ningún derecho y por que en un espacio de edad donde la seguridad económica es de los pocos derechos que pueden y deben tener seguras y aseguradas.
• Convenientes. No lo son porque, no es provechoso o útil perder capacidad económica.
• Oportunas. No pueden serlo porque se ha producido en el momento más inadecuado cuando en muchos casos esa pensión suponía el único ingreso de la familia a donde han tenido que regresar –por la crisis- no sólo los hijos sino también su familia.
• Lógicas. La lógica necesita de un elemento primordial que es la coherencia, que lo que pienso esté íntimamente ligado con lo que hago y lo que necesito esté relacionado con mis necesidades. Y como es lógico un pensionista no va a reducirse la pensión por que sabe cuales son sus necesidades, lo que necesita y en absoluto se cubre con menos ingresos.

El otro derecho puesto en cuestión del que ya he expuesto algo poco antes, es la actualización periódica.

El Pacto de Toledo lo que fijó por acuerdo de todos los partidos participantes fue el blindaje, protección y fijación de la regla de valoración para dar o devolver con equidad, (no dar más de lo que le corresponde a uno, pero nunca menos de lo que han cotizado durante años) a nuestros mayores.

Haciendo cuentas desde el año 2010, año en el que se produjo la criogenización de las pensiones por el PSOE, (por que a ciencia cierta el PP solo las heló) y, haciendo los cálculos de la abuela; una pensión media de 700€  ha perdido desde la reforma del 2010  hasta hoy - con la insultante subida del 0,25%- una media de 30 euros mensuales.

Y en concordancia con este último dato, llegamos al tercer Derecho constitucional que creo se está violentando.

La libertad económica y la economía de mercado intrínsecamente incluidas en este artículo -aunque no definidas, devienen por la necesidad (que los ciudadanos en general y, los pensionistas en particular) tienen de unas pensiones actualizadas, que como dice el artículo en cuestión, les debe dotar de la suficiencia económica entendida ésta como la capacidad para atender a las situaciones de necesidad de los beneficiarios y que está íntimamente ligado con el (art. 41 CE).

Se entiende una economía de mercado (que está regulado en nuestra Constitución en su art. 38 CE)  como el espacio en el que las empresas tienen libertad para ejercer sus funciones y,  aunque en este artículo no están directamente nombrados los consumidores, que duda cabe que la inexistencia de estos conlleva lógicamente a la muerte de los otros y por tanto a  la inoperancia de dicho precepto constitucional.

La economía de mercado, que hay que distinguirla del libre mercado, es un ser vivo que se nutre (aunque de forma más controlada) de los mismos elementos con los que se nutre el libre mercado, una oferta que proviene de las empresas para cubrir una demanda de necesidades básicas que llega desde los consumidores.

Y una cosa va con la otra, si no hay capacidad económica para poder comprar por que el Estado no cumple con sus obligaciones ¿no se está de facto o de hecho impidiendo acceder a la economía de mercado y a los derechos que emanan del artículo 38 a los pensionistas?

Por tanto, ya va siendo hora que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo para volver a fijar la regla de revalorización adecuada y no onerosa de las pensiones, sin pérdida de capacidad económica para los pensionistas.