El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reconocido que la gestión de la operación ferroviaria "ha sido lo más duro desde el principio" de su mandato, ya que el equipo de Gobierno ha tenido que tomar una decisión "muy complicada" para apostar por una integración en superficie sin soterramiento, si bien ha recalcado que "no había opciones" para el túnel y que la opción elegida supondrá "un paso muy importante" para la ciudad.

Así lo ha señalado el regidor vallisoletano en una entrevista que ha concedido a Europa Press en la que ha repasado la gestión municipal durante 2017, un año que ha calificado como positivo y en el que ha destacado momento como la remunicipalización del ciclo del agua, la celebración del Concurso Mundial de Vinos de Bruselas o la apertura de un nuevo centro para mayores en un edificio de la calle Fray Luis de León.

El primer edil ha reconocido que la gestión del soterramiento "ha sido lo más duro siempre, desde el principio", pues él y su equipo se encontraron con la elevada deuda de la Sociedad Alta Velocidad (SVAV), la Carta de Conformidad firmada por el exalcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva, o una situación "muy compleja para dar viabilidad a los nuevos talleres", por lo que la decisión de renunciar al soterramiento y optar por una integración en superficie "ha sido muy complicada", si bien ha advertido de que no correspondió "enteramente" al Ayuntamiento, sino que "viene impuesta por la realidad".

La situación, según Puente, es que "no hay recursos para hacer frente a la operación de soterramiento y no había opciones, era o dejarla quebrar y que no hubiera soterramiento pero tampoco traslado de talleres, o conseguir salvar la Sociedad y los talleres, "dando un futuro cierto con la integración del ferrocarril".

Ahora, ha defendido, se ha firmado un nuevo convenio con un "proyecto de transformación realista" que aunque "no es el soterramiento", no lo considera "menor", de modo que ha reprochado que "quien crea que son pasarelas y túneles" simplifica "una operación mucho más compleja con muchas variables" y que, a su juicio supondrá un "paso muy importante para la ciudad" y tendrá "repercusión en muchos aspectos".

Puente ha subrayado que el proyecto de integración queda "blindado" por el nuevo convenio de la SVAV y la firma del préstamo participativo que las tres instituciones --Ministerio de Fomento, Ayuntamiento y Junta de Castilla y León-- prevén suscribir en enero con el total de las aportaciones que deben realizar al proyecto --74,7 millones de euros en el caso del Consistorio--.

Al margen de avatares políticos

"Está al margen de los avatares políticos y ni va a cambiar si cambia el ayuntamiento de Valladolid por mucho que algunos quieran seguir vendiendo el cuento de la lechera, ni va a cambiar si hay una variación el Gobierno de España", ha aseverado el regidor, quien ha reconocido que "lo único" que podría modificar la situación es otra crisis económica que hiciera inviable las aportaciones o que se produzca una "bonanza brutal" que haga soñar con fondos para afrontar el soterramiento.

En todo caso, ante las dudas que se hayan podido ver en las palabras del presidente de Adif, Juan Bravo, sobre la posibilidad de que un Gobierno del PP en el Ayuntamiento promoviera un proyecto de soterramiento, Puente ha reclamado que se pregunte si "Adif o la Junta van a poner los 1.200 millones que hacen falta, porque el ayuntamiento obviamente no lo va a poner, porque no los tiene", ha apostillado. "Querer el soterramiento está muy bien, pero que digan cómo lo van a pagar", ha concluido.

El alcalde de Valladolid ha repasado otros proyectos de la ciudad como la reunificación de las sedes judiciales en el denominado Campus de la Justicia, el cual ha incidido que no provoca "prisa" al equipo de Gobierno sino que considera que el que debe estar "preocupado porque salga adelante" es el Ministerio de Justicia, "que es el que tiene el problema" de la dispersión.

"Pero lo que no se puede hacer es resolver ese problema a costa de la ciudad. Prefiero que ese proyecto se haga donde se tiene que hacer a que se haga muy rápido en un sitio en el que no beneficie a la ciudad", ha reflexionado Puente, que a las pocas semanas de mandato promovió junto al concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, el cambio de ubicación a la zona del colegio El Salvador y la plaza de San Pablo de un proyecto para el que el anterior equipo de Gobierno ya había acordado con el Ministerio la permuta de una parcela próxima al barrio de Girón.

"Para la ciudad no veo ningún problema en que las sedes estén donde están, en Angustias, Panaderos o Nicolás Salmerón, pues no genera ningún problema de funcionamiento de ciudad ni de distribución de equipamientos, lo que generaría problema es que se la llevaran a donde tenían previsto", ha insistido.

Así, ha defendido que el Ayuntamiento le ofrece una ubicación al Ministerio y ha manifestado que en 2018 estará "en disposición de dársela", pues ha afirmado que ya se ha llegado a un acuerdo con la Seguridad Social por la parcela del aparcamiento del antiguo hospital Del Río Hortega y que confía en alcanzarlo también con los propietarios del el colegio El Salvador. "Si no, aplicaremos la medida urbanística y nos haremos con el suelo a través de los cauces legales oportunos", ha apostillado.

En todo caso, ha subrayado que una vez el Ministerio tenga a su disposición el suelo para el Campus de la Justicia, tendrá que habilitar las partidas presupuestarias necesarias para llevarlo a cabo.

El regidor ha reflexionado sobre la complejidad de los asuntos de urbanístico, que en ocasiones conllevan retrasos, como ocurre con la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que habrá que remitir de nuevo al Consejo de Patrimonio de la Junta. "No conozco ningún sitio en el que la tramitación del PGOU vaya a toda pastilla", ha matizado Puente.

En este sentido, ha recordado que en el mandato pasado "se encargó externamente el proceso de revisión del PGOU y en 4 años lo más que hicieron fue una aprobación inicial" que ahora se ha tenido que hacer de nuevo "porque estaba mal hecha". Ahora, ha destacado, a "mitad del mandato" ya se ha aprobado inicialmente, se ha llevado a exposición pública y "habrá que hacer las correcciones que sean", pero ha incidido en que el ritmo de trabajo que es "bastante razonable".

También ha querido destacar que la reforma del PGOU es "mucho más ambiciosa y más acorde con las necesidades de la ciudad" y ha subrayado que "no ha entorpecido para nada" la actividad de la construcción, pues, de hecho, en 2017 se ha llegado al número de licencias para viviendas que se dieron en 2009, "cuando la burbuja inmobiliaria explotó" y ha aseverado que la mayor parte de ellas se han concedido después de la aprobación inicial del PGOU.

Relaciones "magníficas" con la Iglesia

En cuanto a las quejas de la Iglesia por la opción que da el PGOU de que varias propiedades de conventos sean de uso público, el alcalde socialista ha recordado que también hay órdenes religiosas interesadas en transmitir propiedades al Ayuntamiento, que "puede verse interesado".

Ante esta situación, el regidor ha defendido que el equipo de Gobierno lleva "un mandato de unas relaciones con la iglesia magnificas desde el respeto mutuo", con acuerdos como la cesión del inmueble de Fray Luis de León para Centro de Mayores, la cesión de la parcela de los Paúles para el uso en Pingüinos, aunque el Ayuntamiento quiera llegar a un acuerdo económico.