Ante la postura “absolutamente inamovible” del Ministerio de Justicia por alcanzar un acuerdo sobre el incremento del complemento específico de los trabajadores de justicia, CCOO ha convocado este miércoles una concentración en los juzgados de Salamanca a fin de reclamar un incremento en dicha percepción. Según ha denunciado la coordinadora sindical, Sandra de la Posada García, el mismo secretario de Estado de Justicia les ha reconocido que “ esa cuestión ni figura, ni tienen previsto que figure” en la agenda del actual equipo ministerial “ocurra lo que ocurra en las próximas elecciones”.

El sindicato recuerda que el ámbito no transferido de la Administración de Justicia, gestionado por el Ministerio de Justicia, con más de 9.500 funcionarios, “es el que tiene peores retribuciones por el complemento específico del conjunto del Estado”. Añaden que no ha sido revisado desde 2008, además de haber sido recortado de desde 2010. “La diferencia con la comunidad autónoma con mayores retribuciones supera los 500 euros mensuales y la diferencia con la Comunidad de Madrid, donde trabaja personal transferido y no transferido, supera los 320 euros mensuales”, denuncia De la Posada.

El diagnóstico sindical refleja que se ha ha llegado a este punto porque no existe “la más mínima voluntad por parte del Ministerio para eliminar esta discriminación salarial”. Es más, “la postura del Ministerio es de abierto desafío a los trabajadores invitándoles a la movilización”. Consideran asimismo que “no demuestran ningún recato cuando justifican su talante negociador con jueces y fiscales que niegan al resto de funcionarios”.

Cabe señalar que han acudido a esta movilización los funcionarios de la Administración de Justicia destinados en las comunidades autónomas de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, y los Órganos Centrales en Madrid, es decir, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y Juzgados Centrales de lo Penal, Contencioso e Instrucción, así como la Fiscalía General del Estado, Fiscalías especiales, el Instituto Nacional de Toxicología y el Registro Civil Central, además de los territorios gestionados por el Ministerio de Justicia y de los Cuerpos de Letrados y cuerpos especiales del INTCF de toda España.