Familiares de R.F.A, fallecido a los 88 años el pasado día 15 de enero al precipitarse al vacío por la ventana de una quinta planta de la residencia de la tercera edad Otazu, ubicada en León, han recurrido el sobreseimiento de las diligencias del caso dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital leonesa.

La familia del fallecido, quien había ingresado en dicho centro el mismo día del suceso al padecer una demencia por Alzheimer avanzado y con deterioro cognitivo moderado-severo, han anunciado su deseo de seguir adelante en esta lucha de "David contra Goliat" hasta que se depuren las responsabilidades penales y/o civiles que correspondan, al entender que el óbito del octogenario es fruto de una negligencia del centro al no tener activados los mecanismos de bloqueo de la ventana por la que éste cayó la noche de autos.

"Cuando visitamos las instalaciones se nos explicó que el centro tenía sistema de seguridad en las ventanas y cámaras de vigilancia, si bien tras lo ocurrido cambiaron la versión y se nos dijo que el bloqueo sólo se activaba con informe médico o si lo pedía la familia", se queja el hijo del fallecido, Marcos F, quien también lamenta que una semana después de los hechos se procediera al borrado de las cámaras de seguridad que podían haber recogido el suceso.

Los familiares apuntan que las medidas de seguridad tenían que haberse extremado ante el estado de agitación del fallecido a la hora de acostarse, hasta el punto de que hubo que cambiar a su compañero de habitación debido al nerviosismo que presentaba.

"Abandonado a su suerte"

"Pese a todo, le abandonan a su suerte en su habitación y con las ventanas sin bloquear, cuestión que la normativa exige a este tipo de centros y más si tienen residentes con esa enfermedad", insiste su hijo, que, en declaraciones a Europa Press, explica que a causa de dicha negligencia su padre salió por una de las ventanas de su habitación a una cornisa por donde caminó y desde donde se precipitó mortalmente al patio interior.

Los familiares se quejan de la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción número 4 de León, que estaba de guardia esa noche, que no acude al levantamiento del cadáver, no realiza ninguna diligencia de oficio y tampoco atiende a las peticiones para que solicite las imágenes grabadas por la residencia con el fin de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y declaración del personal que trabajó esa noche.

Por ello, advierten de que "a pesar de la falta de colaboración de la juez, de los obstáculos puestos por la residencia Otazu, incluso borrando las grabaciones de las cámaras que podrían ayudar a aclarar lo ocurrido, y de conocer que pertenece al grupo empresarial CLECE, que a su vez forma parte de ACS", seguirán adelante hasta que se depuren las correspondientes responsabilidades, bien en vía penal o civil.