a Consejería de Sanidad incentivará económicamente a médicos en puestos de difícil cobertura y la productividad vinculada al cumplimiento de objetivos, medida esta última que recupera tras su paralización en 2012 debido a la situación económica.

Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha presentado este martes la propuesta de Decreto Ley que presentará a la Junta para su aprobación sobre medidas urgentes en materia de sanidad.

El Decreto Ley pretende hacer frente al déficit de médicos especialistas en Atención Primaria -médicos de familia y pediatras-, que ha recordado que afecta a todos los servicios de salud autonómicos debido a los errores en la planificación de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, ante lo que ha apuntado la necesidad de tomar medidas, algunas por parte del Ministerio responsable del ramo, al que se han planteado algunas peticiones como más plazas MIR, y otras por parte de la Junta como esta regulación.

El Decreto --en cuatro títulos, nueve artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una derogatoria y dos disposiciones finales-- regula medidas en materia de productividad de los profesionales, de reconocimiento y provisión de los puestos de difícil cobertura en Primaria, de fidelización de los licenciados especialistas en medicina familiar y comunitaria (aplicables con carácter excepcional, en 2019 y 2020), y para la implementación de servicios de transporte a la demanda en los casos en que fuera preciso para poder garantizar la accesibilidad de la Atención Primaria.

Así, en primer lugar se regulan medidas que incentivarán la productividad de los profesionale mediante su vinculación a los objetivos asistenciales de los centros incluidos en el Plan Anual de Gestión. Globalmente, estos incentivos ascenderán a 36 millones y se concretarán en los distintos centros de gestión mediante un 'Pacto de Objetivos' donde se determinarán los aspectos concretos que del Plan de Gestión afecten a cada servicio, unidad o equipo y se definirán las metas a alcanzar, parámetros de evaluación y la verificación de su grado de cumplimiento.

De esta forma se recupera instrumento de incentivación de los profesionales, que fue paralizado en 2012 como consecuencia de la situación económica.

En segundo lugar se regulan las medidas para el reconocimiento y la provisión de los puestos de difícil cobertura en Atención Primaria, que se produce por el déficit de médicos de familia y pediatras y las características territoriales y demográficas.

Criterios

En concreto, se tendrán en cuenta para calificar un puesto como de difícil cobertura la distancia desde el centro de salud al hospital de referencia; el tiempo semanal empleado en los desplazamientos; el grado de dispersión geográfica y los accesos adversos. Según estos criterios, se puntuarán los puestos y se declararán, en su caso -si cuentan con una puntuación igual o superior a siete puntos con los baremos establecidos-, de difícil cobertura.

Por otro lado, se establecen medidas incentivadoras entre las que se incluye el reconocimiento del complemento de garantía asistencial, destinado a remunerar al personal que desempeñe estos puestos, especialmente para categorías y profesiones con déficit de profesionales. Dicho complemento será de 6.000 euros anuales para los profesionales del grupo A1; de 1.300 euros anuales para los pertenecientes al grupo A2 y de 300 euros anuales para las categorías C1 y C2, así como para otras agrupaciones profesionales.

Otras medidas son la flexibilización del horario; disponibilidad en los llamamientos temporales de interinidad en las bolsas de empleo temporal, siempre que el profesional lleve más de un año en dicho puesto; la valoración como mérito en la carrera profesional, considerándose como cooperación con el Servicio de Salud; la prioridad en la participación en formación y la prioridad de los centros e instituciones sanitarias a los que estén adscritos puestos de difícil cobertura en los proyectos piloto o de investigación.

En el título III se contemplan medidas en materia de fidelización de licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria, con lo que se mantiene además el vínculo con los especialistas que han finalizado su residencia y desean formar parte de la sanidad de Castilla y León con un vínculo más prolongado en el tiempo y en esas situaciones en las que la cobertura asistencial se hace más necesaria.

Así, con carácter excepcional, en 2019 y 2020 se podrán realizar anualmente nombramientos eventuales a los licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y comunitaria que hayan finalizado su residencia en los tres años anteriores por un periodo de dos años prorrogables, en su caso, por un año más. Posteriormente, se realizará un estudio y valoración sobre si procede la creación de una plaza en la plantilla orgánica.

Por último, el título IV recoge la puesta en marcha de servicios de transporte a la demanda en los casos en los que fuera preciso para poder ofrecer la cobertura asistencial oportuna en supuestos en los que no fuera posible hacerlo en los consultorios locales por carencia de profesionales. Con ello se posibilita el desplazamiento del usuario al centro de salud o a otro consultorio de la zona básica de salud mediante un transporte a demanda gratuito para el usuario.

Complemento a otras medidas 

Antonio María Sáez ha destacado que estas medidas complementan a otras ya adoptadas ante el déficit de especialistas como la prolongación del servicio activo más allá de la edad de jubilación de profesionales que lo solicitan, que en los últimos años ha permitido mantener su actividad al 30 por ciento de los médicos de familia y pediatras que cumplieron 65 años.

A esto se suma la habilitación para la contratación de especialistas que no cuenten con el requisito de nacionalidad (en 2018 se han incorporado 50 nuevos especialistas extracomunitarios, 20 de medicina familiar y comunitaria) o medidas para la estabilidad en el empleo con la oferta de 1.352 plazas (642 en los últimos tres años más 710 en la próxima convocatoria), la convocatoria de concursos de traslados, el incremento de plazas MIR de medicina familiar y comunitaria (en un 26 por ciento, de 95 a 120 entre 2015-2016 y 2018-2019) o la contratación de los mejores residentes, 57 en los últimos cuatro años (doce recién especializados en medicina familiar y comunitaria).

Se ofrece además incentivación de docentes e investigadores y se ha negociado también para su próxima aprobación el pago de las acumulaciones a los profesionales de Atención Primaria cuando no es posible su sustitución por falta de profesionales.

Tras repasar estas medidas y las previsiones del Decreto Ley, el consejero ha recordado que el problema del déficit de profesionales no está vinculado a las medidas de contención del gasto público ni a los recortes y ha insistido en que se trata de una cuestión relacionada con la disponibilidad de profesionales que afecta al conjunto de comunidades autónomas, no solo a Castilla y León.

Así, ha incidido en que, según los datos facilitados del Ministerio, Castilla y León es la comunidad con mayor dotación de médicos de familia, con 119,4 por 100.000 habitantes frente a 84,5 en el conjunto nacional y, de todos los médicos especialistas, el 36 por ciento trabaja como médico de familia de Primaria, mientras que en España es el 31 por ciento. Asimismo, ha señalado que el mayor esfuerzo en Atención Primaria se pone de manifiesto también en los datos del gasto sanitario público, ya que a ella se destina el 15,6 por ciento del total, mientras en el SNS es del 14,3 por ciento.

Finalmente, Sáez ha recordado que se mantienen a buen ritmo las reuniones de los grupos de trabajo para la elaboración de un documento de consenso social, político y profesional sobre el futuro de la Atención Primaria.