Casi quince años después de que se produjeran los hechos presuntamente delictivos del denominado 'Caso PGOU', es decir, alteraciones en la principal herramienta de planificación urbana de Valladolid antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, en favor de determinados promotores urbanísticos, la Audiencia Provincial acaba de fijar para el próximo día 12 de junio el inicio del juicio.

Así lo ha comunicado el presidente de la Sección Cuarta de lo Penal, José Luis Ruiz Romero, durante la comparecencia celebrada este martes con los cuatro acusados, el que fuera concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller; el exjefe del área, Modesto Mezquita, y el exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, únicos que quedan ya en el banquillo después de que el Tribunal Supremo acordara el sobreseimiento de la causa contra otros diez por entender prescritos los delitos imputados a estos últimos.

La comparecencia tenía por objeto dar cuenta a los cuatro encausados de la resolución contenida en el auto dictado por la Audiencia Provincial relativo a las cuestiones previas planteadas por sus defensores en las que éstos solicitaban la nulidad de actuaciones apelando, entre otras razones, a la vulneración de la tutela judicial efectiva y el derecho a la igualdad de armas.

Sin embargo, el presidente del tribunal, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha resuelto la desestimación de todas las cuestiones, y ello pese a reconocer la existencia de ciertas "irregularidades procesales" habidas a lo largo del proceso dirigido por el Juzgado de Instrucción número 1, como la no tramitación de una queja presentada en su día por la defensa de García de Coca, la comunicación tardía a las defensas de un informe de Policía Judicial que había estado en manos de Fiscalía--no se unió a la causa hasta el 18 de enero de 2012--y, sobre todo, la documentación incompleta--falta el 50 por ciento de la misma--recibida por los acusados con la que tuvieron que elaborar sus respectivos escritos de defensa.

"Irregularidades no invalidantes"

"Se trata de irregularidades que no son invalidantes", ha apuntado el presidente de la sala, quien en el caso de la documentación aún no entregada a los defensores--12.000 folios y 1.800 planos--ha reconocido que la misma no ha estado a disposición de su tribunal hasta el 26 de septiembre de 2018, cuando el Letrado de la Administración de Justicia de Instrucción 1 la remitió a la Audiencia Provincial a requerimiento de ésta.

En este sentido, el tribunal ha acordado que las defensas de los acusados puedan consultar durante dos meses, hasta el día 27 de abril, todo el expediente que tienen a su disposición en Secretaría, al tiempo que ha dado de plazo a todas las partes, las acusaciones pública y popular, esta última ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', y las defensas, para que antes del día 18 de marzo presenten sus nuevos escritos de calificación y puedan "aquilatar pruebas pero no plantear nuevas", es decir, renunciar a aquellas que estimen pertinentes habida cuenta de que el banquillo ya no lo ocuparán catorce personas sino únicamente cuatro.

El inicio del juicio ha sido fijado para el día 12 de junio, martes, y, en principio, se prolongará durante la semana siguiente, en sesiones de mañana y/o tarde.

La lectura del auto desestimatorio de las cuestiones previas, contra el cual las defensas han formulado respetuosa protesta, se ha producido con un retraso de una hora respecto del horario inicialmente previsto debido a la enfermedad de última hora sufrida por el defensor de Álvarez Aller. Ante ello, la comparecencia se ha retrasado con el fin de que el acusado estuviera al menos representado por un procurador.

Fiscalía vallisoletana solicitaba las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para José Antonio García de Coca, Luis Álvarez Aller y Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años.