La Junta de Castilla y León ofrecerá un servicio integral de atención al alumnado con necesidades sanitarias o socio sanitarias escolarizado en centros educativos de la Comunidad, lo que implicará ampliar la plantilla de enfermería para garantizar la asistencia necesaria en colegios e institutos.

Así consta en la nueva orden que han firmado este lunes los consejeros de Sanidad y Educación, Antonio María Sáez Aguado y Fernando Rey respectivamente, y que regulará los procedimientos de coordinación entre ambos departamentos, así como con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

La orden, que se publicará en próximos días en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), establece los entornos de intervención tanto en el educativo, como en el sanitario, familiar o, en su caso, institucional, pues dependiendo de la gravedad de la enfermedad, los alumnos podrán recibir educación en esos ámbitos, a fin de "asegurar su derecho a la educación".

Según ha subrayado Fernando Rey, la norma estructura "con precisión" la atención sanitaria en el centro educativo, para lo que Educación enviará a Sanidad el número de alumnos con necesidades sanitarias (especificando su patología de salud) y los centros a los que pertenecen (información recogida en el momento de la matriculación procedente de las familias).

La Gerencia Regional de Salud, previo estudio de esa documentación, propondrá la asistencia sanitaria a cada uno de los centros donde estén escolarizados esos alumnos, tras lo que la Consejería de Educación resolverá el número y tiempo de atención de los profesionales sanitarios asignados, cuya financiación correrá a cargo de la Consejería de Educación.

En el caso concreto de la dotación de enfermeros en los centros, Sáez Aguado ha aclarado que no se derivarán a los centros educativos los profesionales de los centros de salud, que ya tienen su carga de trabajo, sino que se ampliarán las plantillas en función de las necesidades.

También se regulan --hasta ahora se hacía a través de protocolos que estaban establecidos-- las medidas a adoptar ante una urgencia o emergencia sanitaria, así como el botiquín escolar y la administración de fármacos. En la actualidad, los centros escolares actúan guiados por su principio de "prudencia, atención y colaboración" con las familias a la hora de administrar medicamentos siempre que la familia se lo haya demandado. Con la nueva norma, los centros dispondrán de una solicitud y permiso autorizado de los padres siempre que la administración del medicamento no exceda las condiciones ordinarias. En caso de ser así, se solicitará a los servicios sanitarios la colaboración correspondiente.

Por otro lado, se buscará mejorar la atención a las necesidades "muy extremas e importantes" del alumnado con graves trastornos de conducta a través de la atención en diferentes contextos fuera del entorno educativo --aula educativas específicas y de día en hospitales de cada una de las provincias--.

Atención educativa hospitalaria 

Asimismo, se normativiza y mejora la atención educativa hospitalaria, que hasta el momento se basaba en los convenios entre la Consejería de Educación y la Gerencia de Salud procedentes de convenios entre los Ministerios de Sanidad y Educación cuando aún no se habían realizado las transferencias educativas, al tiempo que se mejorará con tres tipos de aulas --las ordinarias para el alumnado hospitalizado; las específicas para aquel con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos personalidad y de conducta, y las aulas educativas hospitalarias de día para el alumnado hospitalizado de manera extraordinaria y temporal que en horario de jornada escolar acude al centro de día hospitalario en los periodos prescritos por los facultativos del servicio de psiquiatría--.

Al hilo de esto, se aclara la relación entre centros escolares y el aula hospitalaria, así como las funciones de cada uno para que el alumno en ese periodo pueda ver atendido su derecho a la educación en los periodos prescritos por los facultativos sanitarios correspondientes.

En el caso de la atención educativa domiciliaria, también se introducen mejoras como su extensión hasta la escolaridad postobligatoria --antes sólo para la obligatoria-- y para todo el alumnado, independientemente de dónde esté escolarizado, en enseñanza pública, concertada o privada --hasta ahora sólo era en la enseñanza pública--, según ha recalcado Rey en declaraciones recogidas por Europa Press.

La citada norma, que se estructura en seis capítulos, se circunscribe en el II Plan de Atención a la Diversidad de la Junta de Castilla y León 2017-2022, elaborado por la Consejería de Educación con la colaboración del resto de departamentos del Ejecutivo autonómico.

Para ello se aborda desde un enfoque multidisciplinar y la perspectiva biopsicosocial, que contemple nuevas modalidades flexibles de escolarización con el objeto de mejorar los resultados educativos de este alumnado.

"Plus de equidad"

Sáez Aguado ha destacado la nueva orden como un "plus de equidad" en el modelo educativo castellanoleonés y ha afirmado que el número de profesionales de enfermería y el tiempo que dedicarán en cada centro dependerá de la identificación de esas necesidades.

Por su parte, Fernando Rey ha destacado que la orden supondrá su reconocimiento como derecho a partir del curso que viene, de modo que se destinará para ello "el presupuesto que haga falta", si bien ha admitido que aún no conocen con exactitud cuántos alumnos requerirán este tipo de atención.

Actualmente son cerca de 100 los alumnos con atención educativa domiciliaria en la Comunidad, según los datos ofrecidos por Rey, quien considera que esta cifra "podría aumentar" tras la aplicación de la orden, mientras que los que reciben educación en hospitales ronda los 4.000.

El consejero de Educación ha recalcado la "buena valoración" obtenida por el borrador de la orden durante su consulta a sindicatos y Consejo Escolar, ya que es una norma que "extiende derechos" y "va a permitir la contratación de más personal sanitario".

En este sentido, ha rechazado la petición del sindicato de enfermería Satse de dotar a cada centro de un profesional, pues "no todos presentan las mismas necesidades", y considera que la propuesta de dedicarlos a labores de educación en salud cuando no estén prestando asistencia implica "desconocer cómo se configura el horario escolar".