El portavoz de Educación del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Fernando Pablos, ha presentado este martes en rueda de prensa las últimas decisiones de gobierno en beneficio de sectores tan importantes como el de la ciencia y la investigación. Medidas “urgentes” en estos ámbitos y que ya han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado mediante un Real Decreto Ley.

Unas medidas calificadas por el portavoz socialista como “la mejor noticia para la investigación científica del siglo XXI en nuestro país”. Con ellas pretenden acabar con dos “graves problemas y una nefasta consecuencia en esta materia provocado por la políticas del PP en los últimos años”.

De esta manera se soluciona, en primer lugar, con la puesta en marcha de una nueva regulación aprobada por el Gobierno, el problema que tenían los jóvenes que solicitaron préstamos para mejorar su formación, en un momento en que dicha formación no garantizaba las expectativas laborales que tenían, y que después de muchos años seguían encontrándose en unas circunstancias que les hipotecaban la vida. “Nueva regulación que ha cumplido con la confianza que estos jóvenes tenían depositadas en el nuevo gobierno socialista mostrando de manera pública su satisfacción y su agradecimiento por ello”.

El segundo problema que se ha resuelto es dar estabilidad al personal investigador de los centros de investigación. La legislación hasta ahora no permitía tener contratos temporales de más allá de tres años, y cuando se cumplían esos tres años, a pesar de haber demostrado su valía como investigador, o de haber creado un equipo competente con proyectos en marcha, debía ser despedido o, en el mejor de los casos, volver a ser contratado de forma temporal pasados seis meses, algo que iba en contra del principio básico de la ciencia como es la continuidad en la investigación.

Un hecho al que ha puesto fin este Decreto Ley del Gobierno socialista donde se permite la contratación indefinida que estabilizará al personal investigador y que abre una vía importante para que una parte de los jóvenes investigadores que se vieron obligados a emigrar por falta de expectativas laborales puedan tener en esos contratos la posibilidad de volver. Algo que tiene que venir acompañado por el aumento de los recursos en materia de investigación tanto por parte del Gobierno como por parte de las comunidades autónomas y que aquí, en Castilla y León, “los socialistas se encargarán de exigir”.

El tercer beneficio de este Decreto Ley para la ciencia es “acabar y poner fin a la medida que impuso y aprobó el PP cuando estuvo en el gobierno, muy dañina para los centros y los investigadores, como era la fiscalización previa de cualquier gasto que se realizara”. Con esta medida no se podía ni comprar los elementos y las herramientas más básicas e imprescindibles para la investigación sin unas trabas y unos procesos burocráticos larguísimos o la aprobación de una figura conocida como interventor.

Ahora la fiscalización se realizará al final, y el dinero público concedido tendrá que ser justificado cuando termine el ejercicio en el que fue adjudicado. De esta manera se le da un margen de confianza a los centros de investigación, de certeza que el dinero se va a utilizar adecuadamente, que les permitirá tener más facilidades para investigar y no las “trabas impuestas por el PP”, mejorando las posibilidades y la calidad de la investigación en España.