Atención de "calidad y coordinada" para las víctimas de violencia de género

Atención de "calidad y coordinada" para las víctimas de violencia de género

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La Junta de Castilla y León se ha marcado un mes de plazo para poder ofrecer un recurso a las víctimas de violencia de género que tengan que ser atendidas en uno de los tres centros de emergencia que hay en la Comunidad ante una situación de "extrema emergencia", entre los que ha citado acudir a una casa de acogida en la Comunidad o fuera de ella, en función de las necesidades de las víctimas y de las personas a su cargo.


Así lo ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, tras la aprobación este jueves en el Consejo de Gobierno del decreto que garantizará una red homogénea de centros de acogida y "una atención de calidad y coordinada" en todo el territorio para las víctimas de la violencia de género y para las personas que dependen de ellas.


García ha precisado que los centros de la red proporcionarán atención y apoyo personal a las víctimas así como profesionales de referencia, apoyo para la elaboración del proyecto de vida, atención normalizada en los ámbitos psicológico, educativo, sanitario, laboral y jurídico y alojamiento, manutención y convivencia además de "lo necesario" respecto a ropa, calzado o higiene personal, material escolar o material para el desarrollo de las actividades en las que participe sin olvidar cobertura económica para dinero de bolsillo o para desplazamientos, información y participación.


Tras destacar la "altísima participación" conseguida para la redacción del nuevo decreto, García ha hecho especial hincapié en que su finalidad es garantizar la seguridad y la atención "integral, continuada y adaptada a las necesidades" de las personas usuarias para promover su integración y potenciar el desarrollo de sus capacidades para que "vuelvan a tener una vida normalizada", con especial atención a las que tienen menos recursos.


Entre las principales novedades del decreto ha mencionado la existencia de centros especializados según las necesidades específicas de las víctimas (drogodependencias, discapacidad, enfermedad mental grave o víctimas de trata), así como un servicio complementario de fomento a la autonomía, "muy similar a las funciones que desempeñan actualmente los centros de día".


"Es muy importante", ha considerado la consejera que ha recordado que hay mujeres con una "doble vulnerabilidad" ya que, además de ser víctimas de violencia de género, pueden tener una enfermedad mental grave o padecer una drogodependencia. Según ha recordado a este respecto, en pasado año se crearon tres plazas residenciales para víctimas de trata y recursos habitacionales para mujeres víctimas de violencia de género drogodependientes (9 centros), además de los recursos habitacionales ya disponibles para mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad por enfermedad mental grave.


Según ha detallado, se trata de una nueva tipología de centros que responde a la reciente actualización del Catálogo de Servicios Sociales en la prestación de atención en centros residenciales, que incorporó las nuevas modalidades de servicio de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad por enfermedad mental grave; servicio de atención integral a mujeres drogodependientes en situación de violencia de género y servicio de atención especializada a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.


Además y fruto de la ampliación del citado Catálogo de Servicios Sociales se incluye como beneficiarios, no solo a mujeres víctimas de violencia de género, sino también a los hijos e hijas a cargo de la mujer y a otras personas dependientes de ella.


Aplicación informática para la gestión de plazas 


Otra de las novedades pasa por puesta en marcha de una aplicación informática de gestión de plazas de los centros de acogida, para que las comisiones técnicas que determinan los ingresos sepan en todo momento la situación real de ocupación de plazas y facilite su labor a la hora de ingresar a las víctimas de violencia de género y personas dependientes de ellas.


También se regula un régimen de acreditación de los centros, como un "plus de garantía de calidad y buen funcionamiento", en "coherencia" con los principios y directrices del modelo de atención integral a víctimas de violencia de género 'Objetivo Violencia Cero'. García ha destacado también la coordinación con el resto de agentes implicados, la formación continuada del equipo profesional del centro, el desarrollo de programas orientados a la inserción laboral de las víctimas o la aplicación de un sistema de control de calidad.


Según sus datos, la red de centros de acogida para víctimas de Castilla y León está compuesta en la actualidad por 14 casas de acogida, tres centros de emergencias y más de 80 profesionales que atienden de media de unas 470 personas al año --la media de ocupación anual durante la legislatura ha sido de un 38,5 por ciento en centros de emergencia y de un 35,2 por ciento en casas de acogida--.


García ha informado de que, en los últimos cuatro años, 2017 fue el año en el que se atendió a más víctimas con 519 (ocupación de centros del 41,2 por ciento) y 2016 el que menos, con 412 (ocupación del 31,3 por ciento) con 485 víctimas atendidas en 2018 (267 mujeres y 218 menores).


El presupuesto medio anual que destina la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades a los centros de emergencias es de 540.000 euros y a las casas de acogida 550.000 euros, hasta alcanzar más de un millón de euros anuales. A esta cifra se suma una cuantía de más de 60.000 euros que se han destinado en 2018 a los centros específicos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género con doble vulnerabilidad.


Por último y según ha informado la consejera, con la aprobación de este decreto se ha modificado la composición de la sección de género del Observatorio de la Comunidad y del Consejo Regional de la Mujer para incluir nuevas vocalías en representación de las mujeres con discapacidad, mujeres inmigrantes y mujeres de etnia gitana, y modificando la representatividad de asociaciones y federaciones participantes, "potenciando a aquellas asociaciones y federaciones con mayor representatividad sin mermar la participación de las federaciones que no la ostentan".