La Plataforma de Afectados de El Salvador ha aclarado que presentará denuncia por cada uno de los clientes que pudiera haber resultado perjudicado por la actuación presuntamente delictiva de la funeraria vallisoletana investigada.

La aclaración de la referida plataforma, constituida a iniciativa de los bufetes de abogados Bárbara Royo y Castellana 266, se produce después de que la Organización de Consumidores y Usuarios de Castilla y León (OCU CyL), reunida hoy con la delegada del Gobierno, desaconsejara la presentación de una demanda colectiva.

En este sentido, la letrada Bárbara Royo, en declaraciones a Europa Press, precisa que la plataforma creada tan sólo es a los efectos de aglutinar la representación procesal del mayor número de posibles afectados, si bien, apostilla, cada caso dará lugar a una denuncia individual ante el Juzgado de Instrucción número 6, encargado de la investigación.

"Nos vamos a personar de forma individual por cada afectado", insiste Royo, quien también aclara que no es necesario acudir a comisaría por cuanto ya hay abiertas las correspondientes diligencias judiciales y, por tanto, ambos despachos acudirán en próximos días directamente al juzgado del caso para iniciar acciones y personarse como acusación particular por cada uno de sus clientes.

El Juzgado de Instrucción 6, que ordenó la pasada semana la detención de quince personas, entre los titulares del Grupo El Salvador y trabajadores, investiga un posible fraude a lo largo de dos décadas, entre 1995 y 2015, tanto en la reutilización de ataúdes de alta calidad, de los que eran despojados los fallecidos antes del proceso de incineración, como de coronas y flores de los sepelios, actuación que podría haber afectado a unos 6.000 féretros y pudiera haber generado a los investigados millonarios beneficios.

Trece de los investigados se encuentran en libertad provisional, no así el titular del negocio y su hijo, el primero en prisión provisional comunicada y sin fianza y el segundo, también entre rejas, y a quien se ha impuesto una fianza de 800.000 euros para poder recuperar la libertad.

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