Las Cortes han dado el visto bueno este miércoles por unanimidad a la modificación de la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León por la que más de 800 bomberos funcionarios se homologarán con la policía local para lo que se prevé un plazo "prudente" de dos años a partir de la entrada en vigor de la norma a los 20 días de su publicación.

Así lo ha explicado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha significado el resultado de un proceso "abierto y participativo" que ha permitido cumplir la demanda de los más de 800 bomberos funcionarios -el 90 por ciento de la escala más baja, bomberos y cabos-- a los que "tanto debe" Castilla y León. "Es de justicia", ha reconocido para asegurar que la Junta se compromete "hasta el final" en la mejora de este servicio "tan importante" para los ciudadanos.

A pesar de que los grupos en la oposición han votado a favor de la modificación de la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León han lamentado que llega once años tarde y, además, es "insuficiente".

"El periplo hoy sólo empieza", ha augurado el socialista José Luis Aceves que ha situado como objetivo de la próxima legislatura la aprobación del Estatuto del Bombero Profesional para regular su futuro en mejores condiciones, sin olvidar la creación de los parques comarcales de bomberos o la figura de un consorcio autonómico que regule a estos profesionales "que se juegan la vida permanentemente para mejorar la vida de la ciudadanía".

Por su parte, el procurador de Podemos Carlos Eduardo Chávez ha advertido de que la norma no va a paliar el "gran problema" del actual modelo de bomberos de la Comunidad --un conglomerado de asociaciones o concesiones-- que "se ve a todas luces que no funciona" y ha reivindicado el modelo de coordinación conseguido en Valladolid donde todas las administraciones se han puesto de acuerdo más allá de los colores. "Ese debería ser el camino", ha considerado.

En el caso de Ciudadanos, el procurador David Castaño ha admitido que "bien está si al final termina bien" pero ha lamentado que Suárez-Quiñones deje "asignaturas pendientes" a su sucesor en el cargo, con una mención expresa a una Ley del Fuego que "armonice" y ponga "sentido común" en la actual "guerra de provincias". "Es su suspenso de esta asignatura, usted no ha querido ni tocarlo", ha lamentado al respecto.

Según ha explicado el consejero, el principal objetivo de esta "sencilla" pero "importante" ley es fomentar que los cuerpos de prevención, extinción de incendios y de salvamento homologuen sus condiciones profesionales y retributivas con otros cuerpos integrantes del sistema de protección ciudadana, lo que tendrá un coste de unos 1,2 millones de euros que, según ha aclarado el procurador socialista, van a pagar las entidades locales, no la Junta a la que ha exigido más ayudas.

En cualquier caso, la propia portavoz de la Junta, Milagros Marcos, aclaró tras la aprobación de este texto en un consejo de Gobierno de enero que no supondrá un gasto a mayores con carácter inmediato ya que no contempla una subida de sueldo como tal sino la consolidación de los actuales complementos como salario base que podrán subir cuando se resuelvan los actuales problemas de estabilidad.

Suárez-Quiñones ha recordado además que para evaluar el coste derivado de la homologación se creó un Observatorio, compuesto por dos representantes de la administración autonómica, dos de la Federación Regional de Municipios y Provincias y otros tres representantes de las centrales sindicales más representativas, que concluyó que la homologación demandada debería efectuarse mediante la regulación de los grupos de clasificación profesional de estos servicios, en términos homogéneos a los de la policía local, y debería hacerse con rango de ley, según establece el Estatuto Básico del Empleado Público, como se ha aprobado hoy.