Los 15 detenidos por un presunto delito de estafa y organización criminal al sustituir ataúdes de alta calidad por otros mucho más baratos en el momento del proceso de cremación han pasado esta mañana a disposición del Juzgado de Instrucción número 6, según informa la Delegación del Gobierno a Europa Press.

Las pesquisas que han conducido a la detención de trece varones y dos mujeres, entre propietarios y trabajadores del Grupo El Salvador, tienen su origen en el proceso penal iniciado en 2017 entre la funeraria y un empleado que una vez jubilado extorsionó a la mercantil para ver mejorada su pensión como requisito para no desvelar estas prácticas irregulares.

"¡Son miles de personas las afectadas a lo largo de dos décadas!", advirtió el viernes la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, durante su comparecencia para facilitar detalles de la 'Operación Ignis'.

Acompañada por el Jefe Superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Jorge Zurita, y la delegada en Castilla y León de la Agencia Tributaria, Georgina de la Lastra, la delegada del Gobierno dio algunas pinceladas de la operación desarrollada el jueves para "desenmascarar" a los autores de una estafa que, como así afeó, "toca la fibra sensible de los ciudadanos porque la misma se producía en momentos en que las personas son más vulnerables pues están dando el último adiós a sus seres queridos".

El proceso, en el que la empresa se personó como acusación particular y derivó en la condena del exempleado, se ha vuelto ahora como un boomerang en contra del Grupo El Salvador, a raíz de las indagaciones que la Policía comenzó a realizar sobre un pendrive del condenado que recogía numerosa prueba documental y gráfica, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

La delegada y el jefe de policía han declinado entrar en detalles sobre este respecto, toda vez que el secreto de las actuaciones acaba de ser levantado por el juzgado a petición de ella y Zurita para poder facilitar una primera información sobre una "cuestión tan sensible" para los ciudadanos, por lo que su comparecencia se limitó, prácticamente, a pormenorizar la operación desarrollada durante todo el día anterior por la Unidad de Delitos Económicos y la Agencia Tributaria que, de forma simultánea para evitar la destrucción de pruebas, se realizó desde las 08.00 horas en distintas sedes del grupo empresarial y los domicilios de los detenidos con participación de 76 funcionarios.

Los hechos se circunscriben a Valladolid capital y Santovenia de Pisuerga, donde la empresa cuenta con instalaciones, en ambos casos dotadas de crematorio, de ahí los siete registros efectuados en ellas y en domicilios de los presuntos implicados, en uno de ellos, el del máximo responsable, donde la policía se incautó de 961.785 euros en metálico.

Junto a ello, el Jefe Superior de la Policía Nacional en Castilla y León destaca la incautación de numerosa documentación--entre ellas los libros de registro--que, como así avanzó Zurita, llevará mucho tiempo analizar en un proceso que será "muy prolijo", en referencia a que se cuenta ya con pruebas documentales de entre "6 y 8 metros cúbicos" en papel y formato digital.

Lo que sí explicaron Barcones y Zurita es que las pesquisas iniciales se acotan a dos décadas, entre los años 1995 y 2015, aunque no descartaron que los hechos delictivos investigados pudieran ampliarse a otros periodos y, sobre todo, conduzcan a la detención de más personas por delito continuado de estafa, pertenencia a grupo criminal e incluso alguno más que pudiera determinar la autoridad judicial, tal y como ha apostillado el mando policial a preguntas de los periodistas sobre si pudieran ser también acusados de profanación de cadáveres.

"Les rogamos que tengan calma ya que estamos en una primera fase de la operación y nos espera un largo y difícil trabajo", insistió Zurita, quien confirmó que ya se han recibido las primeras denuncias de posibles familias afectadas por estas prácticas.

Al respecto, el jefe de la policía pidió a los ciudadanos que estén tranquilos y no "bloqueen" las comisarías con la presentación de denuncias, ya que, tal y como ha apostillado, los posibles afectados recibirán el debido asesoramiento del CNP y la autoridad judicial para que puedan ejercitar acciones.

Y es que el presunto fraude de este grupo empresarial podría afectar a "miles de ciudadanos" y habría generado pingües beneficios a este supuesto grupo criminal, "en millones de euros", mantiene la delegada del Gobierno, quien pese a ello ha anunciado que la empresa funeraría no ha sido clausurada y seguirá prestando sus servicios.