El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid, encargado del denominado caso de 'La Perla Negra', ha dictado auto de imputación contra doce personas, entre ellas los que fueran viceconsejeros de Economía Rafael Delgado y Begoña Hernández, otros cuatro excargos de Gesturcal y ADE y seis empresarios más por distintos delitos relacionados con la compra del referido inmueble y de terrenos para el fallido polígono de Portillo.

En su auto, según una información de la SER recogida por Europa Press, el instructor, César Gil Margareto, cierra así la instrucción de una causa declarada en 2016 de especial complejidades investigada una treintena de personas--y acuerda seguir los trámites de procedimiento abreviado contra doce imputados tras considerar que actuaron en connivencia en las compras del Edificio de Soluciones Empresariales ('La Perla Negra') en Arroyo y de terrenos en Portillo para un polígono industrial que no llegó a ejecutarse.

Entre los implicados incluye a la cúpula de la Consejería de Economía en la época en que estaba al frente Tomás Villanueva--queda fuera debido su fallecimiento--y compuesta por Rafael Delgado Núñez, quien ocupó distintos cargos como segundo del anterior, tanto en calidad de viceconsejero como luego secretario y en ADE Internacional, Gesturcal y ADE Parques; Begoña Hernández, también viceconsejero del ramo y con puestos en esas mismas sociedades; Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, director gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, director financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, director de la División de Internalización de ADE.

Junto a ellos, el juez sitúa a los empresarios Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez Herrero, Carlos González Maestro y Luis Antonio Recio García, vinculados con las empresas Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba.

El rosario de delitos atribuidos incluyen revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación continuada, fraude a la administración, malversación de caudales y/o cohecho.

Del auto se ha dado traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas a fin de que en un plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El instructor, a través de catorce páginas, entiende que la cúpula de la Consejería de Economía entonces dirigida por Tomás Villanueva e integrada por Rafael Delgado y Begoña Hernández actuó en connivencia con distintos empresarios, tanto de Urban Proyecta como de Parque Empresarial de Portillo, para favorecer a estos últimos en los procesos de compra por parte de la Administración regional de 'La Perla Negra' en Portillo, inmueble destinado a aglutinar distintos servicios administrativos, y de terrenos en Portillo para un polígono que no llegó a ejecutarse.

"Información privilegiada"

En la primera de ambas operaciones, el instructor hace referencia a la información "privilegiada" de la que gozó Urban Proyecta, hasta el punto de que su oferta para la adjudicación del contrato fue la única presentada.

"Luego se realizan una serie de maniobras consistentes en primero, formar la mesa de contratación en la ADE y ante el intento fallido por la resolución de la adjudicación ya que no interesaba a la adjudicataria la condición resolutoria, en segundo lugar, se deriva la operación a Gesturcal, sin ningún tipo de justificación porque era una sociedad pública de más difícil control administrativo y sin ser parte del objeto social de la misma".

Tras diversas vicisitudes y "pese al incumplimiento de las condiciones relacionadas con los informes de tasación", se firmaron dos contratos de arrendamiento y finalmente un contrato de compra por un precio muy superior al barajado en la opción de compra primera--más de 52 millones--, sin que consten informes de control financiero realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que analicen la gestión del Área de Contratación de la ADE como ente integrante de la administración institucional, ni informes de control de la eficacia realizados por la Consejería de Economía.

"Tampoco existe informe favorable de la Consejería de Hacienda a la operación. No existe justificación alguna para reducir el periodo de licitación a quince días ni tampoco existe justificación para que siete días después de fallida la operación en la ADE se derive la cuestión al consejo de administración de Gesturcal".

Para esta, se trata de una operación que al margen de ser ajena a su objeto social no se ajusta a los principios orientadores de la gestión económica-financiera que afecta a las empresas públicas de la comunidad pues ni existe un previo análisis de la legalidad, sino una precipitada derivación de la operación, ni existió una separación de funciones al ser los dirigentes del consejo de administración los responsables de parte de la tramitación de los expedientes, ni existió objetividad ni transparencia, ni eficacia ni eficiencia económica.

"Todo ello, originó graves problemas económicos y perjuicios tanto a
Gesturcal como al erario al ser sociedad participada públicamente, como
a la propia Consejería de Economía y Empleo", censura el juez, que incluye entre las irregularidades cometidas los posteriores trabajos de acondicionamiento del inmueble y la señalética contratados con la empresa Unifica Servicios Integrales, "sin seguir los requisitos de publicidad y concurrencia y sin que conste la justificación de la incompatibilidad de estos principios con la naturaleza de la operación a realizar".

La actuación presuntamente delictiva de los investigados se habría registrado igualmente en el proceso de compra de terrenos en Portillo para un polígono industrial, adquisición por la que la Administración regional acabó abonando más de 34 millones de euros.

Al respecto, el instructor sitúa nuevamente en el epicentro de Urban Proyecta, favorecida una vez más con "información privilegiada" y que comenzó a adquirir terrenos rústicos en dicho municipio e impulsando las actuaciones que luego se materializarán en los convenios y contratos con ADE, y todo ello a través de un entramado de empresas con vinculación entre los empresarios investigados y

"Lo que es indudable es que se trata de otra operación preparada en connivencia con los altos cargos de la Junta, Alberto Esgueva, Rafael Delgado y Begoña Hernández, en favorecimiento de Urban Proyecta", precisa el juez.

Éste considera que estamos ante otra operación "hecha a espaldas del consejo de administración de ADE Parques, y de hecho esta operación sorprende al mismo y resulta tan poco ventajosa que se acude al despacho o bufete de Garrigues para valorar la posibilidad jurídica para dejar de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas".

La operación fue ineficaz, supuso un importante endeudamiento sin ningún beneficio económico y en contra de los principios de gestión económica y financiera. ADE, en el ejercicio 2010 ya tuvo pérdidas por importe superior a los 10 millones de euros y "la operación comprometía seriamente el principio de estabilidad y sostenibilidad financiera, siendo realizada en beneficio exclusivo de las empresas privadas contratantes".

"En definitiva, se deduce de lo expuesto que la operación se realizó, aprovechando la estrategia de desarrollo de suelo tecnológico y empresarial por decisión unilateral de Rafael Delgado y Begoña Hernández para favorecimiento de las empresas relacionadas directa o
indirectamente con él primero, con Urban Proyecta y con Alberto Esgueva", concluye el instructor.