La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la exención de licencia ambiental concedida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las explotaciones ganaderas intensivas, mediante el Decreto 4/2018 por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas en la Comunidad.

Según ha explicado Ecologistas en Acción a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press, este fallo significa que una gran explotación ganadera industrial como la proyectada en Noviercas (Soria), con 20.000 vacas de leche, "que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superiores a una ciudad como Soria", no podrá empezar a funcionar sin información pública ni informes.

A esto se suma que "cientos de granjas intensivas de bovino, ovino, porcino o aves" tampoco se podrán ubicar en los pueblos de Castilla y León sin que sus vecinos lo sepan, "que era lo que pretendía la Junta", advierte Ecologistas en Acción.

De hecho, asegura este colectivo, todas las explotaciones ganaderas intensivas que se hayan iniciado en el último año deberán legalizar su situación, "correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los gastos ocasionados a la Junta de Castilla y León como responsable de la regulación ahora ilegal".

En concreto, la sentencia, con fecha de 11 de abril, declara que no es posible modificar por Decreto una ley como la de Prevención Ambiental de Castilla y León ya que el Consejo de Gobierno invadía la competencia legislativa "exclusiva" del Parlamento autonómico.

Ecologistas explica que el tribunal dictamina que la modificación efectuada afecta al contenido fundamental de la norma con rango de Ley, en cuanto que aspectos nucleares del mismo, como son todos aquellos sometidos al régimen de licencia o autorización, ahora se trasvasan desde el de licencia, "más exigente en su régimen jurídico -información pública, informes preceptivos de la comunidad autónoma, etc.-, hacia un mero régimen de comunicación previa, sin que existan garantías equivalentes, como es la necesidad de evaluación ambiental previa".

De esta manera, recuerdan desde Ecologistas en Acción, la modificación efectuada por la Junta "excede con mucho" a lo que está permitido a una norma de carácter reglamentario ya que, por un lado, modifica normas con rango de ley y, por otro, "altera de forma sustancial" el contenido fundamental del régimen de licencias y comunicaciones ambientales que son exigidos como requisito previo para el ejercicio de actividades.

"Llama la atención que esta vulneración de la separación de poderes no fuera advertida por el Consejo Consultivo de Castilla y León, cuya examen de legalidad fue inútil", critica el colectivo ecologista.

Para Ecologistas en Acción, con esta sentencia el TSJCyL detiene "en seco" la pretensión de desregulación por la vía del decreto de las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, "de manera que todas las explotaciones ganaderas no orientadas al autoconsumo doméstico vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y León" y se deberán someter a información pública, informes previos y audiencia a los vecinos colindantes antes de implantarse, como venía sucediendo desde 1961, en que se aprobara el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Para Ecologistas en Acción, se trata de una "excelente noticia" para el medio ambiente de Castilla y León y de un "fracaso más" del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, "incapaz pese a ser él mismo juez en excedencia de observar la más elemental legalidad en las disposiciones de su Consejería en relación a materias como la participación ambiental, la caza, la conservación del lobo, la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica o ahora las actividades clasificadas, en las que ha recibido sentencias contundentes de los tribunales".

La organización ecologistas espera que las elecciones autonómicas de la próxima semana "destierren definitivamente" esta forma "arbitraria y autoritaria" de gobernar y permitan restablecer las garantías y controles ciudadanos en materia de biodiversidad y de prevención ambiental, en atención al principio de legalidad, a la protección de la salud y el medio ambiente y a los derechos constitucionales a la información, a la participación y a la tutela judicial efectiva.