Efectivos de la Guardia Civil han aprehendido en un estanco de la provincia de Burgos 363 cajetillas de tabaco ilegal y se ha investigado a su responsable por presuntos delitos de falsificación de efectos timbrados, defraudación de impuestos y contra la propiedad intelectual e industrial.

En concreto, se ha investigado a D.G.D, de 36 años, después de una inspección de un establecimiento de la provincia en el marco del control de las labores de tabaco y el plan contra el contrabando de tabaco, dirigido a verificar que se cumplen los requisitos legales de adquisición, venta y depósito.

En un local ubicado en una población de La Bureba se localizaron 363 cajetillas de tabaco de una conocida marca en las cuales, a simple vista, no se observaban las medidas de seguridad oportunas establecidas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, concretamente la marca al agua del precinto del tabaco.

Ante la falta de marcas fiscales la mercancía fue aprehendida y depositada y se procedió a la investigación del estanquero como presunto autor de los delitos reseñados.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Burgos.

La Guardia Civil ha recordado que es el cuerpo policial que tiene asumidas las competencias en material fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando, fraudes e ilícitos fiscales por todo el territorio español, y ha apuntado que continuará con esta campaña de inspecciones dirigidas al control en materia de tabaco y también de bebidas alcohólicas en establecimientos del ramo de toda la provincia.

Sanciones 

El instituto armado ha recordado que las infracciones en materia de ordenación del tabaco para los estancos conllevan sanciones cuyas cuantías económicas, en muchos casos, suponen importantes desembolsos en forma de multa y pueden ser, como en este caso, constitutivas de delito y llevar aparejadas penas de prisión y multa.

En el supuesto de las infracciones graves las sanciones van desde los 12.020,24 euros hasta los 120.202,42 euros; en el caso de las muy graves la cuantía oscila entre ésta última en su grado mínimo hasta los 300.506,05 euros; también se contempla la revocación de la concesión y el consiguiente cierre del negocio.