Castilla y León ha alcanzado las 100.000 personas con prestación concedida por el Sistema de Dependencia, un 60 por ciento más que en 2015, cuando la cifra era de 62.117, lo que sitúa a la Comunidad como una "referencia" y supone un "estímulo" para continuar con la "mejora".

Así lo ha indicado el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, en declaraciones a los medios de comunicación minutos antes del inicio de la jornada 'La Ley de Dependencia en Castilla y León, una visión de futuro' en Valladolid, un acto que ha inaugurado junto al presidente de la Federación de Atención a la Dependencia en la Comunidad (Acalerte), Diego Juez, y en el que se ha presentado el estudio 'El caos por la dependencia en España'.

Las 100.000 personas que en la actualidad tiene prestaciones concedidas acumulan a su vez más de 135.000, frente a las 77.511 de mediados de 2015, lo que implica un incremento del 74 por ciento en el número de prestaciones.

De este modo, este sistema genera cerca de 30.290 puestos de trabajo directos en la Comunidad, donde una persona mayor de 80 años tiene "prácticamente el triple" de oportunidades de ingresar en una plaza residencial al amparo de la Ley de Dependencia, ya que el 80 por ciento de las personas en estos centros se benefician de la financiación pública.

Fernández Carriedo ha subrayado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la Comunidad se sitúa como una "referencia" en esta materia, pues alrededor del 98,5 por ciento de las personas que han solicitado una atención de dependencia han sido atendidas, una cifra que se encuentra 18 puntos por encima de la media nacional.

Esta situación, como ha agregado, es el resultado de "importantes esfuerzos" como la puesta en marcha de más recursos por parte de la Junta, que aportó doce millones de euros "a mayores" a este sector y ha desarrollado una política "acertada y adecuada", y también de la colaboración de distintas instituciones, entre las que ha destacado el "peso" del tercer sector en la toma de decisiones y la gestión.

Fernández Carriedo también ha reconocido el "mérito" de los profesionales que trabajan en este ámbito y ha resaltado que en la Comunidad los servicios están profesionalizados, para lo que ha precisado que más del 80 por ciento de las prestaciones de dependencia son de este carácter.

Asimismo, ha asegurado que el reconocimiento de la Comunidad como "referencia" en la materia también es "fruto" del diálogo con las instituciones, un proceso en el que el papel de las entidades locales y del diálogo social es "básico y fundamental".

"Para nosotros ser una referencia nacional es un estímulo que no nos impide ver que tenemos que recorrer un camino en el futuro, en el que se reduzcan los plazos para concesión del derecho a la dependencia y también para atender más dependientes en el futuro", ha añadido.

Retos de población 

Por su parte, Diego Juez, ha reiterado la figura "pionera" de Castilla y León en materia de servicios sociales y ha matizado que en esta región también se ha demostrado que se puede "innovar atendiendo a los mayores", pues se han creado nuevos modelos "referentes" en el cuidado de este colectivo y se ha priorizado conocer las "capacidades y decisiones" de cada uno de ellos.

Asimismo, ha apuntado los problemas a los que se enfrenta la Comunidad respecto a la dependencia, entre los que ha destacado el reto del envejecimiento y el de la "España vaciada". En este sentido, ha precisado que el 80 por ciento de las plazas residenciales se encuentran en el entorno rural.

También, ha aseverado que la "realidad" en esta materia "es muy distinta" en el medio rural y las grandes ciudades, y, en concreto, ha manifestado que los precios de los centros residenciales son "más razonables" en regiones como Castilla y León, donde la cifra es de entre 1.400 o 1.450 euros, mientras en Madrid se superan los 2.000 euros y la media nacional se sitúa en 1.777.

Reivindicaciones

"Queremos reivindicar el papel de los mayores y la invisibilidad que tienen muchas veces sobre todo en las residencias", ha apostillado también Juez, para recordar que en la actualidad alrededor de 46.000 personas de la Comunidad se encuentran en este tipo de centros.

En este sentido, ha señalado que entre las reivindicaciones de Acalerte a los partidos políticos se encuentran que se visibilice a las personas mayores con la creación de un Ministerio específico para la dependencia o que el porcentaje del presupuesto estatal que se destina a estas prestaciones se aumente de un 0,54 a un dos.

"Sobre todo lo que falta es financiación, aquí se ha apostado mucho por las prestaciones vinculadas al servicio, pero aún son cantidades insuficientes", ha indicado, para insistir en que se deben incrementar las pensiones y ofrecer más ayudas que "vayan directamente al bolsillo de los usuarios".

En este aspecto, ha subrayado que el sistema de dependencia es capaz de crear "muchísimo empleo", lo que se demuestra en que en Castilla y León se generan 52 puestos de trabajo por cada millón de euros invertidos, la tasa "más elevada" de España. También, ha matizado que éstos tienen un carácter "no deslocalizable, feminizado y especializado en el medio rural", por lo que puede ser "un motor importante" para la Comunidad.

Por otro lado, ha abordado la "importancia" de la formación de los trabajadores de la dependencia y ha advertido de que la "calidad" puede "disminuir" si no se apoyan unos servicios profesionalizados ahora que corren a cargo del Estado las cotizaciones de los cuidadores no profesionales de beneficiarios de la Ley de Dependencia, si bien ha defendido la "libertad" de elección de los usuarios.

Por último, y como otro reto, Juez ha condenado los casos "puntuales" y "esporádicos" de maltrato a pacientes que se han dado en algunos centros residenciales, y ha mostrado su postura a favor de fomentar las inspecciones en estos espacios porque supondría un beneficio para la calidad del sector, quien es el "más perjudicado" por estas situaciones.