Una de las hijas del dueño del grupo funerario El Salvador, Rosario Morchón, investigada, junto a otras veinticuatro personas, entre familiares y trabajadores, en el marco de la 'Operacion Ignis', se ha desmarcado de cualquier responsabilidad en los hechos investigados y ha alegado que su cometido en la sociedad se limitaba a la facturación.

La investigada, al igual que otros tres trabajadores del grupo de empresas, Eladio G.M, Felicísimo A.G. y David M.G, ha comparecido este viernes en el Juzgado de Instrucción número 6 que investiga el presunto fraude cometido entre los años 1995 y 2015 y que afectaría, en principio a unas 6.000 cremaciones, en las que los ataúdes habrían sido sustituidos, antes de la incineración, por otros más baratos con el fin de reutilizarlos luego para otros sepelios.

En su declaración, Rosario Morchón, en la línea de defensa de los otros tres investigados, se ha limitado a responder a preguntas del fiscal, la juez instructora y su propia defensa, a quienes ha asegurado su desconocimiento de los presuntos hechos objeto de investigación porque realizaba tareas de facturación en la oficina sita en la calle Angustias, cerca del Edificio de los Juzgados, y ni siquiera subía al tanatorio ni al Parque El Salvador.

La declarante también ha alegado que no conocía al extrabajador Justo M, a quien el grupo empresarial acusa de extorsionar a los dueños para obtener una jubilación más sustanciosa y que en los últimos años se dedicó a recopilar pruebas, tanto gráficas como documentación, de la supuesta estafa.

El letrado de los Morchón, Guillermo Ruiz Blay, en declaraciones recogidas por Europa Press, con carácter previo a las comparecencias, ha expresado su confianza en que los cuatro investigados sean sacados de la causa "cuanto antes", al tiempo que ha reiterado su petición de excarcelación del empresario Ignacio Morchón, el único que continúa desde finales de enero en prisión, sin fianza.

"Esperamos que tras estas declaraciones queden esclarecidos muchos de los puntos oscuros de la investigación policial y consigamos la liberación de Ignacio Morchón, que está sufriendo una prisión injusta desde hace meses", ha aseverado el abogado defensor, quien también está convencido de que las diligencias pondrán de manifiesto "bastantes contradicciones" en las manifestaciones de Justo M.

El letrado recuerda la presentación de un informe pericial en el que el perito destaca que el 40 por ciento de las fotografías están hechas en 2013 "y que no hay nada que ocultar y que se puede explicar todo", en referencia a que los ataúdes comercializados por el grupo El Salvador "nunca han tenido un precio, en general, superior a los 600 euros cuando se trataba de aseguradoras y de entre 800 y 1.200 euros cuando se trataba de personas privadas, con lo que esos precios de 6.000 ó 12.000 que se han dicho son puras invenciones y fantasías".

En el lado opuesto, el abogado Juan Ignacio Hernández, del grupo Negotia, en representación de una plataforma de afectados, se mostraba ya excéptico sobre el resultado de las declaraciones de los cuatro investigados y confiaba que en próximas fechas, a medida que se produzcan más testificales e incluso se acuerde una posible ampliación de las investigaciones, "puedan aclararse algunos puntos aún oscuros".

Las próximas declaraciones, de otros cuatro investigados, están previstas para el día 17 de mayo.