El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals ha mantenido este martes su petición de 13 años de prisión para el histórico dirigente de ETA Mikel Carrera Sarobe, alias 'Ata', y de 9 años para el también etarra Jon Etxeberria por la furgoneta de explosivos que fue interceptada en la comarca de Sayago, en Zamora, en enero de 2010.

En la segunda y última sesión del juicio que ha presidido la Sección Primera de la Sala de lo Penal, Perals ha defendido que ninguno de los acusados ha cumplido condena en Francia por estos hechos en concreto, de modo que no puede considerarse este procedimiento como ya juzgado.

Según la exposición del fiscal, además del hecho de que Carrera Sarobe reconoció los hechos durante su declaración en el juicio, hay "pruebas suficientes de cargo" por las que está acusado de depósito y transporte de armas así como de falsificación de documentos oficiales con fines terroristas.

Perals ha explicado que esas pruebas llevan a deducir que 'Ata' "participó activamente" en los hechos, ya que se ha demostrado que recurrió a una identidad falsa para abrir una cuenta bancaria y alquilar la furgoneta interceptada cuando iba camino de Portugal.

Además, la documentación aportada por las autoridades galas a partir de los llamados 'papeles de Francia' también han permitido cotejar el tipo de letra del etarra con la del contrato de alquiler de la furgoneta y la apertura de la cuenta bancaria.

Sobre Jon Exteberria, el fiscal ha argumentado que, además de pertenecer al aparato logístico de ETA y haber estado vinculado en 2010 al comando de ETA que lideraba Carrera Sarobe, "participó en la preparación de los explosivos" porque en el material hallado en la furgoneta de Zamora aparecieron "siete huellas".

Sobre esta prueba mencionada por Perals, el propio Exeberria ya aseguró en el juicio que si sus huellas aparecieron en el precinto que cerraba un recipiente con material electrónico que viajaba en la furgoneta pudo ser porque en algún momento anterior tocase la cinta de embalar, ya que planteó la posibilidad de que en sus traslados de casa en casa en Francia tocase esa cinta en particular, dado que embalaba el equipaje cada vez que se movía.

De este modo, su abogado ha pedido la libre absolución de su defendido al considerar que las huellas no constituyen prueba suficiente para condenar, pero en caso de que sea considerado culpable ha propuesto una pena mínima de 6 años de cárcel, ya que la posible tenencia del material habría sido "puntual".

Después de que los dos etarras hayan renunciado a utilizar su turno de última palabra, la presidenta del tribunal, la magistrada Concepción Espejel, ha dejado el juicio visto para sentencia.