La exdirigente del Partido Popular de Valladolid Ana Torme ha exigido al secretario primero de la Mesa de las Cortes, el socialista José Francisco Martín, que rectifique públicamente las manifestaciones vertidas contra su persona en las que, entre otras cosas, afirmó que el mismo día de la publicación en el Bocyl de su nombramiento como asesora en Sanidad en la Junta, un juzgado de Madrid la había citado a declarar por presunta corrupción. También le pide una indemnización de 50.000 euros.

La que fuera diputada y senadora 'popular' por Valladolid ha reaccionado a tales acusaciones con la presentación de una demanda para la celebración de un acto de conciliación, previa a la interposición de una querella contra el político socialista por presuntos delitos de injurias y calumnias, según informa a Europa Press la propia demandante.

Ana Torme exige así a José Francisco Martín un reconocimiento de que el pasado día 26 de septiembre efectuó una serie de incriminaciones contra ella "con conciencia de su falsedad" y con el único objetivo de perseguir su "menosprecio", en referencia a la afirmación realizada de que el día en el que el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba su nombramiento en el puesto de técnico asesor en Sanidad, un juzgado de Madrid la había citado a declarar como investigada por una presunta falsedad en documento mercantil, en un proceso que vinculó con la trama eólica y la empresa que ella mantenía con el también expopular Vicente Martínez Pujalte.

En la misma rueda de prensa, el socialista denunció que la Junta se había convertido en un "basurero" en el que recogen a dirigentes del PP, por orden de la dirección nacional de Pablo Casado.

Pues bien, la aludida exige al procurador en Cortes, José Francisco Martín, el reconocimiento de que realizó tales incriminaciones pese a ser plenamente consciente de que ella es funcionaria de carrera por oposición libre del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León, con nivel 28, mientras que por ello sostiene que "es notorio que no ha sido privilegiada con ningún puesto" en la Junta, toda vez que el cargo al que ha sido asignada es de nivel 27, inferior al que le correspondería tanto en grado como en salario.

Exige igualmente al demandado el reconocimiento de que no está citada por juzgado alguno en calidad de investigada, toda vez que el proceso en el que estuvo involucrada en la 'trama eólica' fue finalmente sobreseído contra ella y en el que, además, también sabía que "fue la denunciante y mantuvo una decidida posición de enfrentamiento con otros miembros del PP".

"En definitiva, para obtener un rédito político no ha dudado en realizar manifestaciones públicas que atentan contra el honor y buen nombre de la señora Torme", advierte la demanda, en la que se insta la celebración de un acto de conciliación en el que el demandado se avenga a cumplir todas las exigencias para evitar la interposición de una querella criminal, entre ellas la retractación pública y, además, el abono de una indemnización de 50.000 euros por los daños y perjuicios causados.

La demandante se compromete a donar el dinero a una empresa o fundación social de servicio social sin ánimo de lucro.