El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid practicará el próximo día 30 de abril nuevas testificales, hasta un total de cinco, con motivo de las diligencias abiertas por posibles delitos de malversación y prevaricación que mantienen como investigadas a cuatro personas, entre ellas el excalcade de Íscar, Alejandro García Sanz, con motivo de las obras del Centro Multiusos de la localidad.

Las nuevas testificales obedecen a que la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia de Valladolid ha estimado los recursos interpuestos por dos de los investigados, el citado exregidor y el arquitecto municipal y director de la obra, José Luis Pérez, contra la providencia del instructor, de fecha 13 de noviembre de 2018, que denegó su práctica, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Ahora, la Audiencia Provincial ordena al instructor que tome declaración el día 30 de abril, a partir de las 10.30 horas, en calidad de testigos, al representante legal de la empresa a través de la cual se procedió a la redacción del anteproyecto e inicial visado de las obras del Centro Multiusos de Cuéllar, J.M.M.P; del arquitécto técnico y jefe de la obra de dicho centro, O.A.R, así como del interventor del Ayuntamiento y secretario accidental, H.M.A, y del asesor jurídico del Consistorio, J.L.A.N.

En su fundamentación, el tribunal justifica la estimación de los recursos en que a través de las testificales los investigados pretenden acreditar que para la realización de dichas obras los concejales que las aprobaron fueron asesorados debidamente, se autorizaron los pagos a la constructora y si se efectuaron las mismas, así como su cuantificación, que finalmente se elevaron a casi cinco millones de euros.

Hasta el momento, en la causa figuran como investigados el que fuera alcalde de Íscar, Alejandro García Sanz; el ex edil de Urbanismo, Juan Carlos Lázaro, y el mencionado arquitecto municipal, José Luis Pérez, así como el empresario extremeño Luis G.Ch, responsable de la mercantil Mego S.A, la misma que ejecutó las obras objeto de investigación judicial.

El Juzgado de Instrucción 5 investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación en los trabajos de ejecución del Centro Multiusos de Íscar, entre otros motivos porque los distintos modificados del proyecto, que pasó de los 2.300.000 euros inicialmente presupuestados a los 5.150.000 euros, no fueron sacados a concurso pese a exceder su importe el 20% permitido.

En la causa se encuentra personado el Ayuntamiento de la villa como acusación particular, que sigue insistiendo en que el proceder de los investigados impidió la libre concurrencia de otros empresarios a los sucesivos modificados de obra, que tenían que haber sido licitados a exceder su importe los límites establecidos, a lo que se suman las críticas respecto de la conducta del arquitecto municipal, que cobraba un sueldo como tal del Ayuntamiento y además un 4% por cada certificación de obra, hasta un total de 400.000 euros.

La investigación tiene su origen en la auditoría que el actual equipo de gobierno, dirigido por Luis María Martín García, encargó a una empresa externa sobre la gestión del anterior alcalde.

El estudio de las cuentas entre 2002 y 2015 elaborado por la empresa NuVe Consulting fue puesto directamente por el equipo de gobierno en manos de la Fiscalía ante la existencia de posibles irregularidades y ésta acordó remitir la auditoría a un juzgado para la instrucción de las pertinentes diligencias.

En el informe se advierte de que el director de obra no tiene capacidad de modificar el contrato, sino de proponer su modificación al órgano de contratación--el pleno--, que es el que debe aprobar el proyecto modificado, algo que no se realizó en este caso pese a los informes en contra de Intervención (7-07-2009) y Secretaría (09-07-2009) y que por ello sería motivo o causa para la resolución del contrato.