El procurador del PSCyL José Francisco Martín ha eludido finalmente la querella de la exdiputada y exsenadora del PP por Valladolid, Ana Torme, tras retractarse de las declaraciones en las que aseguró que esta última había sido citada a declarar por corrupción, entre otras manifestaciones que ella consideró injuriosas y calumniosas.

La expolítica 'popular', que había presentado demanda y promovido un acto de conciliación previo a la interposición de una querella, ha obtenido finalmente las disculpas públicas del socialista, aunque éste no lo haya hecho en persona por cuanto no ha acudido al Juzgado de Primera Instancia sino que ha estado representado en dicho trámite por un abogado, alegando la imposibilidad de hacerlo por problemas de agenda.

El acto de conciliación, por tanto, se ha celebrado con avenencia de las partes, de forma que José Francisco Martín, a su vez secretario primero de la Mesa de las Cortes, se ha retractado de lo dicho el pasado día 26 de septiembre en rueda de prensa, ha pedido disculpas públicas y ha asumido el pago de las costas, con lo que Ana Torme no seguirá adelante con la querella y, además, renuncia a la indemnización de 50.000 euros que había solicitado y que tenía intención de donar a una empresa o fundación social de servicio social sin ánimo de lucro.

Al término del acto, ya en la calle, Torme ha preferido no valorar la ausencia de su oponente pues "cada uno actúa como le parece más conveniente" y ha limitado a expresar su conformidad con las disculpas de Martín por unas "falsas" manifestaciones, aunque fuentes consultadas por Europa Press apuntan que el socialista en ningún momento ha reconocido la falsedad de sus declaraciones sino su carácter "incierto".

Sin "ánimo vengativo" 

"Yo no tengo un ánimo vengativo, pero no voy a tolerar que se digan mentiras y que éstas salgan gratis, uno tiene que ser consecuente con sus actos. Me parece suficiente, así se hace Justicia", ha concluido Torme, que ni siquiera ve necesario que Martín convoque un encuentro informativo para desdecirse de lo dicho en su día.

La polémica, ya zanjada, se produjo el pasado día 26 de septiembre cuando el procurador del PSCyL José Francisco Martín afirmó que el mismo día de la publicación en el Bocyl de su nombramiento como asesora en Sanidad en la Junta, un juzgado de Madrid la había citado a declarar por presunta corrupción en un caso de falsedad en documento mercantil, en un proceso que vinculó con la trama eólica y la empresa que ella mantenía con el también expopular Vicente Martínez Pujalte.

En la misma rueda de prensa, el socialista denunció que la Junta se había convertido en un "basurero" en el que recogen a dirigentes del PP, por orden de la dirección nacional de Pablo Casado.

La aludida había exigido a Martín el reconocimiento de que realizó tales incriminaciones pese a ser plenamente consciente de que ella es funcionaria de carrera por oposición libre del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León, con nivel 28, mientras que por ello sostenía que "es notorio que no ha sido privilegiada con ningún puesto" en la Junta, toda vez que el cargo al que ha sido asignada es de nivel 27, inferior al que le correspondería tanto en grado como en salario.

Exigió igualmente al demandado el reconocimiento de que no estaba citada por juzgado alguno en calidad de investigada, toda vez que el proceso en el que estuvo involucrada en la 'trama eólica' fue finalmente sobreseído contra ella y en el que, además, también sabía que "fue la denunciante y mantuvo una decidida posición de enfrentamiento con otros miembros del PP".