La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha destacado la buena acogida del anteproyecto de ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida, que ha permanecido en periodo de participación pública en el Gobierno Abierto de la Junta hasta esta semana.

Casado, en declaraciones a Europa Press, ha reconocido que están "muy contentos" en su departamentos porque a algunos expertos eran muy críticos con las unidades de cuidados paliativos y se ha vivido como una ley "muy necesaria".

La titular de Sanidad ha destacado la apuesta que se ha hecho por esta ley porque ve necesaria "la dignidad y tener al final de la vida cierto nivel de calidad" por lo que ve "muy positivo" el "feedback" que se está recibiendo, que es "muy bueno".

El objetivo de esta norma, que recoge el sentir de la sociedad, es el de regular el ejercicio de los derechos que les corresponden a las personas en el proceso final de su vida, asegurando el máximo respeto a su libre voluntad en la toma de las decisiones que les afecten y garantizando la protección de su dignidad en esta fase vital.

Asimismo, la futura ley pretende regular los derechos y deberes de los profesionales sanitarios que atienden a las personas que se encuentran en el proceso de morir, definiendo un marco de actuación y estableciendo las garantías que deben proporcionar las administraciones públicas e instituciones sanitarias y sociales a lo largo de dicho proceso.

El pasado 24 de octubre la Junta habilitó, mediante su publicación en el espacio de participación ciudadana un proceso de consulta pública para la elaboración del anteproyecto de ley y abrió la misma en la web del Gobierno Abierto para la participación y realización de aportaciones que finalizó el 16 de diciembre.

Con el procedimiento administrativo de consulta previa, la Junta de Castilla y León avanza en la elaboración de la futura ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida.

El texto, además de hacerse público en el portal de Gobierno Abierto, se remitirá a los colectivos interesados (asociaciones de pacientes, colegios profesionales, sociedades científico-médicas y sindicatos) para que puedan hacer las alegaciones que consideren sobre dicho anteproyecto.