La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó recientemente este proyecto piloto a la convocatoria de financiación europea, por parte de la Comisión Europea, con la denominación “Development of Public spending evaluation in Spanish regions” y esta semana ha recibido la confirmación de su preselección.

El origen de este proyecto piloto se halla entre los acuerdos de gobernabilidad para la presente legislatura, en el ámbito de la regeneración política e institucional. En ese bloque de medidas se incluía la creación de la Agencia Autonómica de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, con el objeto de promover y realizar evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y programas de la Junta de Castilla y León, así como el impulso de la gestión de la calidad de los servicios, favoreciendo el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía.

En desarrollo de esos compromisos, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en el mes de septiembre un acuerdo, a propuesta de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, por el que se encargaba a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la elaboración de un plan de acción con su presupuesto y calendario de desarrollo para la realización de dos estudios: primero, un estudio de situación de las necesidades –de sistemas de información, de definición de indicadores objetivos, de formación del personal y de estructura- de la Administración de Castilla y León para la implantación de un sistema de evaluación de las políticas públicas y la creación de una Agencia autonómica de Evaluación; y segundo, un estudio de revisión del gasto en las políticas activas de empleo, becas y universidades, transferencia de valor a medios de comunicación y promoción industrial.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal realiza –desde enero de 2018- estudios de revisión del gasto de las Administraciones Públicas –algunas, autonómicas-, tiene competencias para la realización de estos estudios y la propia normativa de Castilla y León recoge la posibilidad de externalizar en entidades y organismos especializados independientes la realización de la evaluación de políticas públicas.