CSIF alude a 2019 como el año de “la gran mentira”

CSIF alude a 2019 como el año de “la gran mentira”

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado el año 2019 el de la "gran mentira" en lo que se refiere a la negociación con la Junta, con un balance "negativo", y ha anunciado movilizaciones a partir de enero para reivindicar la recuperación de derechos como las 35 horas.


Además de esta reclamación, en la que cuentan con la unidad de acción con otros sindicatos, CSIF emprenderá acciones para reivindicar también la carrera profesional, el concurso abierto y permanente y ofertas públicas de empleo (OPE) "efectivas".


Así lo ha señalado el presidente autonómico de CSIF, Carlos Hernando, quien ha hecho balance de este último año junto a la secretaria de Acción Sindical y sector autonómico, Raquel Fernández, y los responsables de Educación y Sanidad, Isabel Madruga y Javier Hernando, respectivamente.


Hernando considera "totalmente negativo" el balance que se puede hacer en cuanto a la recuperación de derechos de los empleados públicos, con una "parálisis total" en la jornada de 35 horas, que se lleva más de un año reclamando y el incumplimiento del acuerdo de mayo o los "varapalos judiciales" a la Junta como el concurso de traslados o el catálogo de puestos tipo, motivos por los que ha adelantado que se iniciarán estas acciones.


En el conjunto de los sectores de la Junta, Raquel Fernández ha señalado que se podría denominar a este año, que considera que se ha "perdido", como "la gran mentira", con una "inactividad total" en lo que se refiere a la recuperación de derechos. "Ha sido un año perdido totalmente", ha indicado la responsable sindical, ya que ha explicado que lo que se ha negociado hasta junio se ha incumplido o se ha perdido judicialmente, por lo que la situación está "en el aire" en muchos sectores laborales.


Por ello, ha adelantado que a partir de enero se retomarán las movilizaciones para pedir las 35 horas después de que no haya habido ningún contacto más con la Junta ni "buena fe" para su implantación y quieren que a partir del 31 de marzo se ponga en marcha y se rebajen las horas lectivas al profesorado. Para ello, se buscará la unidad sindical como en todas las acciones reivindicativas que se han llevado a cabo en este ámbito.


Otros problemas


Por otro lado, ha señalado como otro de los ámbitos de negociación en los que no se ha avanzado los fondos adicionales que iban destinados a las subidas salariales de los empleados públicos si se cumplían objetivos de déficit y la regla de gasto, que ahora la Junta dice que quiere destinarlos a la carrera profesional.


A este respecto, ha cuestionado cómo se pueden aprovechar fondos de 2018 y 2019 destinados a subidas salariales cuando la ley de la carrera profesional aún ni se ha desarrollado. Además, ha añadido que CSIF ha rechazado la negociación porque no hay un documento sobre el que trabajar y la Junta pide aportaciones, cuando lo que se pide es algo que sirva de base para hacerlas.


Por lo que se refiere al ámbito de la Administración Autonómica, Fernández ha explicado que han tenido conocimiento de que la Junta no va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sobre el catálogo de puestos del personal funcionario, algo que se abordará en una reunión próxima, pero ha criticado que se hayan enterado ya de estas cuestiones por los medios de comunicación.


La responsable del sector en CSIF ha recordado que esta anulación supone también que quede sin efecto la relación de puestos de trabajo (RPT) aprobada este mismo año por el anterior gobierno, por lo que ahora los trabajadores no saben por cuál se rigen. De hecho, el presidente autonómico del sindicato ha señalado que los servicios jurídicos estudian denunciar a los antiguos responsables de la Junta como al exconsejero de la Presidencia José Antonio de Santiago-Juárez por su gestión en esta materia al considerar que ofrecieron algo que no se podía cumplir.


Como únicos aspectos positivos ha señalado que tras dos años de la negociación colectiva del personal laboral se haya constituido la mesa correspondiente o que se haya anunciado que se van a convocar competencias funcionales de la OPE de 2017.


"Nefasto" en educación


Por su parte, la responsable de Educación de CSIF, Isabel Madruga, ha hecho un "pésimo" y "nefasto" balance en este sector, sobre todo por la falta de negociación a pesar de las peticiones, cuando su trabajo es negociar por la vía del diálogo, que "no existe".


Así, ha lamentado que se enteren de las cuestiones que afectan a los profesionales por los medios de comunicación como que la Junta pretende retomar el plan de bilingüismo con algunas mejoras, aunque desconocen cuáles, o que se vaya a prolongar el plan de atención a la diversidad hasta el año 2022, entre otros cambios, además de otros proyectos como uno para el desarrollo sostenible o cambios en el programa de mejora del éxito educativo.


Madruga también ha criticado que haya un nuevo decreto de la inspección educativa que desconocen o la escasa convocatoria de plazas de cátedras, cuando en Secundaria es un colectivo "muy amplio".


Además, al igual que en el ámbito autonómico, ha pedido negociar con urgencia la jornada de las 35 horas y la reducción del horario lectivo una vez que se ha perdido "otro curso".


En definitiva, ha censurado que el personal docente de Castilla y León paguen las cosas pero a la hora de los resultados la Comunidad se sitúa muy bien como indica el informe PISA.


Finalmente, en el ámbito sanitario, Javier Hernando ha señalado que hay "más sombras que luces" y sólo se puede hablar de un año negativo y ha puesto como ejemplo que aunque se haya dado continuidad a las OPE de 2017 y 2018 sigan judicializada la categoría de médicos de familia, que es una "pieza capital", y se avecina otro problema con las de operarios de servicios.


En la misma línea, respecto a la carrera profesional, ha criticado las "carencias" resolutivas y la lentitud de los procesos y, por otro lado, ha apuntado la "inadecuación" de las plantillas orgánicas, ya que consideran que hacen falta más de 1.800 efectivos además de los que se contemplan y preocupa especialmente la limitación de facultativos en Atención Primaria y Especializada.


Además, ha expresado el "escepticismo" del plan para Atención Primaria que plantea la Consejería de Sanidad y, aunque tienen datos "básicos" porque no se le han presentado, no cuenta con su apoyo.