El Procurador del Común, Tomás Quintana, pide a la Consejería de Educación que abra el debate sobre la creación de una normativa que regule el uso de los dispositivos móviles en centros educativos de Castilla y León, según han informado a Europa Press fuentes de la institución.

El Procurador del Común inició de oficio una actuación tras conocer la problemática existente en algunos centros educativos provocada por el uso que hacen los alumnos de móviles y equipos electrónicos similares, tales como relojes interconectados con móviles, así como la demanda que se estaría produciendo por parte de los responsables de dichos centros para que se elaboren unos criterios que sirvan para armonizar en toda la Comunidad de Castilla y León una respuesta a dicha problemática.

El Procurador del Común detectó que existe una "importante heterogeneidad en los reglamentos de régimen interior que elaboran los centros educativos en el marco de la autonomía pedagógica, de organización y de gestión que tienen reconocida, en lo que respecta a la permisibilidad o no de la tenencia y/o utilización de los móviles, en cuanto a las sanciones que pueden llevar consigo las infracciones tipificadas en dichos reglamentos, en las garantías con las que se ha de proceder ante la retirada de los dispositivos a los alumnos en aquellos casos en los que proceda, etc.

Del informe realizado por el Procurador del Común se extrae que el uso o tenencia de aparatos de telefonía móvil o similares, además de las ventajas pedagógicas que pueden representar en el proceso de enseñanza- aprendizaje en los términos que ha destacado la UNESCO, también tiene ciertos "inconvenientes", en particular cuando se aborda el uso que pueden hacer los menores y los adolescentes, como se pone de manifiesto en el Estudio sobre seguridad y privacidad en el uso de los servicios móviles por los menores españoles, publicado en el mes de abril de 2010 con la participación del INTECO (ahora INCIBE).

Dichos riesgos pasan por el uso "excesivo" y la "adicción", amenazas a la privacidad, acceso a contenidos inapropiados, prácticas de distintas modalidades de acoso, interrupciones y distracciones que impiden seguir las clases con normalidad, colisión de derechos ante actuaciones de tipo disciplinario, etc.

Con todo ello, el Procurador del Común considera que es una cuestión que no debe quedar sin más en el contexto de la autonomía de cada centro educativo, sino que, precisamente, debería abrirse un debate, con la participación de todas las instancias de la comunidad educativa, y, en particular, de los Consejos Escolares, equipos directivos, profesorado y asociaciones de padres, para determinar si es procedente y necesaria una normativa sobre el uso de los dispositivos electrónicos en los centros educativos de la Comunidad que facilite seguridad jurídica.

Además, cree necesario el establecimiento por parte de la Consejería de Educación de directrices comunes para todos los centros educativos de la Comunidad en lo referente a dicha cuestión, en los términos que parece estar demandándose desde algunos equipos directivos de Institutos, los cuales tienen una percepción más "directa, cercana e inmediata" de la problemática que puede estar produciéndose en contextos reales.