Fiscalía de Valladolid sitúa en los 79 años la petición global para los doce imputados por el denominado 'Caso de La Perla Negra', entre ellos la entonces cúpula de la Consejería de Economía integrada por los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, para quienes solicita las condenas más duras, a razón de 11 años de privación de libertad para cada uno de ellos.

La calificación provisional de la acusación pública ha sido dada a conocer este miércoles después de que el martes hicieran lo propio los Servicios Jurídicos de la Junta y el PSCyL, personados en la causa como acusación particular y popular, respectivamente.

En su escrito, Fiscalía interesa condenas de once años de prisión para Delgado, Hernández y Sacristán, al primero de ellos por un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.

Por ello, a mayores de las referidas penas privativas de libertad, interesa para el primero su inhabilitación por espacio de 29 años y de 20 para los otros dos.

En el caso de Salvador Molina y Francisco Armero, el primero exdirector gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos industriales y el segundo empresario, la acusación pública les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito continuado de malversación.

Además, interesa seis años de prisión por delito continuado de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencias para los empresarios y hermanos Francisco y Alberto Esgueva, Germán José Martín Giraldo, Ángel Román Montes, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

De forma, conjunta y solidaria, los acusados indemnizarán a la Administración Autonómica en la suma que fue desviada a favor de las mercantiles citadas que, sin perjuicio de lo que resulte de las pruebas a practicar en el plenario, se fija en 16.138.911,47 euros, que devengará el correspondiente interés legal.

Los hechos objeto de acusación vienen referidos al arrendamiento y posterior compra de un edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2 de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), y la adquisición de terrenos en el término municipal de Portillo (Valladolid), destinados a la implantación de un polígono industrial en esa zona.

Para beneficiar a algunas mercantiles 

Tales operaciones, a juicio de Fiscalía, fueron realizadas por parte de una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León y propiciados desde la cúpula de la Consejería de Economía y Empleo, de la Junta de Castilla y León, cuando era titular de la misma el fallecido Tomás Villanueva Rodríguez, con el propósito de beneficiar a determinadas mercantiles (especialmente URBAN Proyecta PM3 S. L., y Parque Empresarial de Portillo S. L.) a través de sociedades de participación pública de la Junta de Castilla y León, Gesturcal SA y a partir del año 2008 Ade Parques Tecnológicos de Castilla y León S.A.

En relación al edificio sito en la calle Jacinto Benavente no 2, de Arroyo de La Encomienda (Valladolid), la acusación pública sostiene que la actuación de los acusados dio lugar a que la empresa pública pagara por el inmueble 60.499.800 euros, cuando su valor no debió superar los 50.000.000, aproximadamente, y que hiciera frente al abono de 9.787.472,55 euros, correspondientes a una serie de conceptos que debieron correr a cargo de Urban Proyecta PM3 S.L.

Por lo que atañe a los terrenos adquiridos en el término municipal de Portillo, las actuaciones concertadas por los acusados, no sólo determinaron un considerable incremento en el precio de las fincas finalmente satisfecho por Ade Parques--sin perjuicio de su concreción final, superior a los 3.000.000 euros--sino también el pago de otros conceptos que, dejando al margen los que pudieran ser dudosos, supusieron al menos 3.351.438,92 euros.