La Cosnejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha sometido a información pública en la plataforma de Gobierno Abierto el anteproyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de la Comunidad y que sustituirá a la anterior Ley de Caza.

Según publica este martes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), este anteproyecto estará sometido a información pública hasta el próximo 17 de enero, inclusive.

Tal como establece el anteproyecto en su exposición de motivos, en los 23 años de vigencia de la anterior norma cinegética, los procesos de urbanización y despoblamiento rural de Castilla y León, iniciados en la segunda mitad del siglo pasado, se han "agudizado intensamente", lo que ha provocado que el medio rural se haya "vaciado" y la población que permanece en el mismo haya "envejecido", ambos fenómenos con especial incidencia en las zonas de montaña.

Estos procesos han producido, tal como recuerda, un "patente cambio" en los ecosistemas de montaña, con "un notable incremento de los terrenos forestales fruto de la menor utilización del territorio" y que hace que entre los dos últimos Inventarios Forestales Nacionales la superficie forestal arbolada de Castilla y León haya aumentado en casi 900.000 hectáreas, un 43 por ciento.

Por otro lado, también en estos últimos años "se ha incrementado sensiblemente la tecnificación de las labores agrícolas y la implantación de nuevas técnicas de cultivo", lo que ha generado "notables cambios en los hábitats asociados a los terrenos agrícolas", en bastantes ocasiones "con efecto negativo para las especies silvestres ligadas a los mismos".

En este contexto, la situación de las poblaciones de las especies cinegéticas "es muy diferente" a la que existía cuando se dictó la anterior Ley.

Así, la Junta recuerda que las especies ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado en general "un notable incremento", en algunos casos "de forma muy acentuada", provocando "incluso situaciones no deseables de desequilibrio poblacional", mientras que por el contrario, algunas especies de caza menor asociadas a los hábitats agrícolas "han visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes".

Estos cambios están produciendo efectos "no deseables", tales como el notable incremento de los daños a la agricultura producidos por algunas especies como el jabalí o el conejo; o como el "elevado y preocupante" aumento de los accidentes de tráfico provocados por la irrupción de ejemplares de caza mayor en las carreteras, que se han duplicado en los últimos cinco años, superándose actualmente la cifra de 8.000 accidentes al año, lo que equivale a 20 accidentes al día; o "una mayor dificultad en el control de determinadas epizootias y zoonosis", que suponen "un riesgo para la salud de los animales y también, en algunos casos, de la salud de las personas".

También se recuerda que el número de cazadores de Castilla y León ha descendido un 23 por ciento desde la entrada en vigor de la anterior Ley, perdiéndose 35.000 cazadores desde entonces y que "un sector considerable de la población" manifieste "un creciente interés en la conservación de la naturaleza y reclame mayores garantías de que ésta no se ponga en riesgo con la práctica de la caza".

Asimismo, se tiene en cuenta que en estos años se han producido "cambios importantes" que afectan a los procedimientos administrativos, como la progresiva implantación de la administración electrónica, la aprobación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, o la nueva legislación en materia de procedimiento administrativo.

En coherencia con todo ello, esta ley "apuesta de forma decidida por la simplificación de los procedimientos, la tramitación electrónica, y la asunción de responsabilidad por parte de los ciudadanos".