Tras la celebración de la Comisión Informativa de Recursos Humanos y Régimen Interior en la mañana de hoy solicitada por el PSOE con el fin de abordar la reciente denuncia y reivindicaciones de los trabajadores de la Residencia de la Tercera Edad ‘Virgen del Canto’ de Toro, los diputados socialistas Leonor González Cadenas y Eduardo Folgado han calificado de “descontrol y caos a lo largo de los años la gestión y funcionamiento del centro”.

Tal y como se ha conocido hoy en la comisión del total de 74 empleados públicos de la Residencia 37, es decir, la mitad, son ‘operarios de establecimiento’ cuya función es la de “trabajos manuales no cualificados”. La convocatoria de 2017 incorporó 31 ‘operarios de establecimiento’ existiendo muchas dudas sobre si se cumplieron los requisitos de la convocatoria, situación que ha llevado al PSOE a solicitar toda la documentación del procedimiento de selección.

Los diputados del PSOE han resumido así la nefasta gestión del centro toresano: “La Diputación de Zamora destina casi 3 millones de euros a la Residencia Virgen del Canto de Toro para cubrir solo 36 de las 70 plazas disponibles, en la que se emplea a 74 trabajadores de los cuales la mitad son ‘operarios de establecimiento’ que realizan trabajos no cualificados”.

“La Residencia Virgen del Canto de Toro ha sido un coladero de afines y allegados a lo largo de los años que ni tan siquiera se han molestado en disimular buscando la rentabilidad y la plena ocupación del centro, en muchos momentos por debajo de la mitad de su capacidad” señalan los diputados del PSOE Eduardo Folgado y Leonor González al término de la Comisión.

“La Residencia Virgen del Canto es un ejemplo de despilfarro del dinero público, de gestión caótica y descontrolada, de falta de transparencia y de utilización de la misma para fines espurios que nada tienen que ver con el de un centro para la atención a Mayores y personas con discapacidades”.

“Una residencia que contrata permanentemente personal no cualificado y ni tan siquiera es capaz de cubrir las plazas ofertándolas o precios más competitivos” añaden.

Hoy se ha conocido que muchos de los ‘operarios de establecimiento’ reclaman una revisión de sus funciones y categoría profesionales como Gerocultores, sobre cuyo expediente tampoco ha informado en la Comisión el Diputado del área, lo que obliga al PSOE a reclamar toda la documentación. Y hoy se conocido que el diputado Prieto Calderón considera que no tiene sentido cubrir las plazas vacantes de ‘operario de establecimiento” porque el colectivo reclama que se le reconozca su cualificación como Gerontólogo. Y hoy se ha conocido, y siembra muchas dudas, que se haya recurrido a una bolsa de empleo caducada para contratar a una operaria de cocina, otro procedimiento que genera muchas dudas.

Propuesta de ampliación del catálogo de servicios para conseguir la plena ocupación del centro

Al igual que lo hicieran ayer jueves, los diputados socialistas insisten en propuesta para que la residencia amplíe su catálogo de servicios con el fin de lograr el máximo de ocupación y rentabilizar todas sus instalaciones y dependencias.

En concreto, que una de las plantas vacías de la Residencia se destine a personas procedentes de operaciones e intervenciones quirúrgicas del Sacyl y mientras dure la fase de recuperación y rehabilitación, ya que dispone de los recursos técnicos humanos de profesionales capacitados para el desempeño de estas funciones.

Otra de las propuestas formuladas por los diputados socialistas plantea el alojamiento provisional en la Residencia de personas que tienen solicitada o están en situación de búsqueda de una residencia pública o privada de personas mayores o de quienes están en pendientes de valoración definitiva de lo previsto en la Ley de Dependencia, periodo que puede prolongarse varios meses en muchas ocasiones.

“Se trata, por tanto, de lograr el cumplimiento de los principios de eficacia y eficiencia de la Administración Pública rentabilizando las instalaciones y, por supuesto, teniendo en cuenta las reivindicaciones laborales de reposición de plantilla por bajas, jubilaciones y otras situaciones laborales y de reclasificación de la RPT con la máxima transparencia y en cumplimiento de los principios constitucionales de acceso a la función pública de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia”.