El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha dado a conocer esta mañana tras la habitual rueda de prensa del Consejo de Gobierno las conclusiones de la información reservada realizada por la Inspección General de Servicios, en relación con las subvenciones de los programas de formación de desempleados y de orientación, formación e inserción profesional gestionadas por el Servicio Público de Empleo. Investigación interna ordenada este verano después de que la Consejería de la Transparencia que él dirige recibiera una solicitud de la Asociación Española de Formadores (Aefor).

El asunto está asimismo judicializado, toda vez que Fiscalía de Valladolid remitiera al Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid la denuncia que presentó un abogado contra el Ecyl el pasado mes de marzo por el reparto de subvenciones de los programas de formación para desempleados.

La inspección invita a "revisar" la participación de los agentes sociales en el proceso de elaboración de las bases reguladoras de los procedimientos de subvención vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional cuando aquellos participen como solicitantes, directamente o a través de sus entidades de formación vinculadas. También las bases reguladoras de los procedimientos de subvención vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional, desde el punto de vista del cumplimiento del principio de libre competencia, con especial atención a las características de los beneficiarios, a fin de que no se produzcan prácticas anticompetitivas, y a los criterios de valoración, de manera que se establezcan los necesarios y suficientes para cumplir la finalidad de la subvención sin ir más allá.

A fin de llevar a cabo esta revisión de las bases reguladoras, se recuerda que en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León es el órgano colegiado que, con plena independencia y autonomía jerárquica y funcional, se encarga de velar por la defensa de la competencia frente a actos que la puedan alterar. Por lo que se recomienda contar para esta revisión con el Tribunal de Defensa de la Competencia de Castilla y León y, antes de que la Consejería de Empleo e Industria aprueba nuevas bases reguladoras de los procedimientos de subvención, sería conveniente solicitar consulta previa, a través de los cauces establecidos en la normativa reguladora de este órgano.

Finalmente, la inspección insta al Servicio Público de Empleo se informará a la Inspección General de Servicios sobre la implantación de estas recomendaciones.

Francisco Igea ha anunciado que el consejero de Empleo, Germán Barrios, remitirá a la justicia toda la documentación solicitada así como las conclusiones de este informe, y que esta misma tarde sobre las conclusiones de la inspección. La Consejería se pondrá además "a trabajar de inmediato" para acomodar las próximas convocatorias a las exigencias de la inspección. "No vamos a mirar nunca para otro lado cuando se nos presente una denuncia o solicitud", ha subrayado Igea, pero ha dejado claro que "no es que nadie haya cometido ninguna irregularidad", sino que las bases estaban incorrectamente redactadas.

Varios millones de euros

Las subvenciones a las que hace referencia el Informe de la Inspección General de Servicios son las de los Programas de Orientación, Formación e Inserción (OFI) y el de Formación Orientada a Desempleados (FOD). El importe total concedido, de acuerdo con la resolución de convocatorias, es en 2019 la cuantía de 11 millones de euros de los programas OFI y 30 en FOD. En 2018 se suman 11 millones de euros en el OFI y 33 en el FOD.

Del total de dichos importes, la cuantía concedida a los agentes económicos y sociales del Diálogo Social es en 2019 un total de 795.508 de los programas OFI y 2,74 millones de los FOD y en 2019 1,13 de los OFI y 3,3 de los FOD.