La Junta de Castilla y León requiere, al inicio de la presente legislatura, implantar medidas de mejora de la regulación del ordenamiento jurídico autonómico para cumplir así con la adopción de medidas incluidas en el programa de Gobierno, encaminadas a la simplificación de trámites y la burocracia administrativa. El propósito es aprobar menos y mejores normas. Como antecedente, cabe recordar que el censo normativo de Castilla y León efectuado en el año 2011 arrojaba la cifra de casi 3.600 disposiciones, entre leyes, decretos y órdenes.

Desde la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se plantea que, con este Acuerdo de Consejo de Gobierno, la Administración autonómica disponga de una normativa denominada “triple A”: aceptada por los ciudadanos gracias a una mayor transparencia y participación; accesible mediante su fácil comprensión; y adaptada a la realidad en la que vivimos.

Los tres objetivos que se persigue alcanzar son simplificar y mejorar el ordenamiento jurídico, promover una cultura de diálogo y participación en la elaboración de las normas -convirtiéndolas en un instrumento accesible y comprensible para los ciudadanos- y sistematizar los procesos normativos con el objetivo de que aumenten su calidad y sin que exista una dilación excesiva en los plazos de su aprobación.

El Acuerdo recoge una veintena de medidas concretas, que van a permitir a la Junta de Castilla y León seguir siendo una administración de referencia en la materia. De hecho, Castilla y León fue la primera comunidad autónoma que en el año 2009 aprobó y publicó un manual de calidad normativa. Solamente la Administración General del Estado y las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña cuentan, como ocurre en Castilla y León, con una Oficina Técnica de Calidad Normativa que vele por el cumplimiento de todas las medidas en este ámbito.

Medidas concretas para ser una Administración Pública referente

Con las nuevas medidas, la Junta de Castilla y León será la primera administración española que valorará el impacto de las normas desde el punto de vista de la despoblación y cuáles pueden ser sus posibles efectos; que obligará a la refundición de normas cuando las modificaciones afecten conjunta o separadamente a un tercio de la norma de origen; y que asentará los pilares para que detrás de cada Ley exista tan solo un Reglamento que la desarrolle.

Más aspectos destacables del bloque de medidas se encauzan hacia la derogación expresa de todas aquellas disposiciones que lo hayan sido tácitamente en el pasado, la aprobación anual de un Calendario Normativo público y transparente -con el fin de que los ciudadanos y las empresas conozcan desde el primer momento las previsiones normativas de esta Administración- y la reducción de los plazos de resolución de aquellas autorizaciones que tengan una duración superior a tres meses, siempre que la legislación básica estatal lo permita.

Desde ahora, con la puesta en marcha de estas medidas, el Gobierno autonómico reducirá la burocracia: se obligará a suprimir una norma, trámite o carga administrativa si se quiere introducir una nueva, bajo la regla de “una de entrada, por una de salida”. Además, se creará una base de datos autonómica sobre organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de facilitar proactivamente la audiencia de los colectivos interesados; y se aprobará un proyecto de ley que regulará la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.

El seguimiento de la ejecución de todas estas medidas se concretará en un informe anual que se elevará, para su conocimiento inicial, al Consejo de Gobierno y posteriormente se hará público en el Portal de Gobierno Abierto.