La procuradora socialista María del Carmen García Romero ha acusado a la Junta de Castilla y León de haber "chuleado" a los castellanoleoneses más de un millón de euros en ayudas a la vivienda y ha tachado de "vergonzoso" e "inmoral" perdonar 180 millones de euros en concepto de Impuesto de Sucesiones y Donaciones a 820 familias mientras 4.979 solicitantes se han quedado en la lista de espera de las ayudas al alquiler.

"Su compromiso con la vivienda será en diferido porque todavía no lo hemos visto", ha espetado la procuradora socialista para ironizar sobre que los partidos que sustentan al Gobierno, PP y Ciudadanos, "se llevan la palma" en "poner pisitos" al presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, de la formación naranja.

Tras preguntar a los responsables de la Junta de Castilla y León si viven en la realidad de la Comunidad o en "la tierra de Yupi", la socialista ha defendido una PNL para instar al Gobierno autonómico a elaborar y aprobar un nuevo Plan Director de Vivienda y Suelo para la Comunidad Autónoma, "pendiente", según ha recordado, desde que finalizó el anterior en 2009 desde cuando la Junta ha optado por suscribir el estatal al que ha aportado 4,6 millones de los 6 comprometidos.

Desde la bancada 'popular' el procurador Ricardo Gavilanes ha sido tajante al rechazar lecciones del PSOE en materia de vivienda y ha asegurado que la Junta de Castilla y León vive en la realidad y comprometida con unas políticas eficaces en materia de vivienda que velan por los más necesitados.

"No mienta, ha faltado a la verdad, no se ha dejado desamparadas a 4.797 familias", ha reprochado Gavilanes que ha recordado que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunció ayer otros 3 millones de euros para esos solicitantes que han quedado fuera y cumplan los requisitos.

"Y es el colmo imputar a la Junta los desahucios", ha espetado Gavilanes ante las quejas de García Romero que ha cifrado en 800 las personas que perdieron su vivienda en 2018 por deshaucio por ejecución de hipoteca.

Gavilanes ha rechazado el Plan Director de Vivienda y Suelo reclamado por el PSOE y se ha remitido a la "reforma completa" de la Ley de Derecho a la Vivienda, un texto "eminentemente social" en el que trabaja ya la Junta -está en fase de consulta pública hasta el próximo 15 de enero-- para fomentar el alquiler y la rehabilitación regular y crear un parque público de hasta 3.000 viviendas como "servicio público fundamental".

En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado que se ha remitido al acuerdo del Diálogo Social para asegurar que la "completa reforma" de la Ley de Derecho a la Vivienda se adaptará "a la universalidad de todos" a lo que ha añadido la necesidad de "adelgazar una burocracia que es terrible" y de potenciar "todo tipo de garantías" tanto para el que alquila como para los pequeños propietarios que, según ha reconocido, tienen reticencias porque "a veces corren peligro". "Para que haya un parque de viviendas primero tiene que haber seguridad jurídica para los propietarios que campa por sus fueros", ha reiterado.

Delgado ha aclarado a la proponente que "nadie vive en los mundos de Yupi" y ha expresado su preocupación por el mundo que viene, en referencia a las negociaciones entre PSOE y Esquerra Republicana para formar Gobierno en España con el deseo de que sus medidas sean "más sensatas" de las que se apuntan.