Facua-Consumidores en acción ha elaborado un nuevo estudio en las últimas fechas que, en esta ocasión, comprueba la tarifa del agua hasta en 53 ciudades españolas. Al respecto, han incidido en la variación de hasta un 1.139% según la ciudad en la que se reside y en la que Salamanca se encuentra en un término medio.

Así, según este estudio, el precio medio del agua en Salamanca, incluido el abastecimiento y el saneamiento sin el IVA, es de 19,41 euros en 2019, con un incremento con respecto al año anterior de un 2,2%, cuando se encontraba un poco por debajo de los 18 euros.

Esto sitúa a Salamanca, a nivel regional, por debajo del precio de Zamora, Segovia y Ávila y por encima de Burgos, Valladolid, Soria, Palencia y León, la ciudad más barata de España en este respecto con apenas 5,49 euros de media y una bajada del 24,7% con respecto a 2018.

A nivel nacional, por su parte, la ciudad más cara es Barcelona, con 46,89 euros, siendo la única ciudad que supera la barrera de los 40. Por encima de 30, además, se encuentran Alicante, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Las Palmas, Lleida, Murcia, Palma de Mallorca, Sevilla y Tarragona.

Solo ocho ciudades suben sus tarifas

Solo ocho de las 53 ciudades analizadas por Facua han aumentado sus precios en 2019, entre los que se encuentra Salamanca. De hecho, es la cuartaa que más lo ha hecho solo superado por Toledo (3,6%), Soria y Bilbao (2,3%), con una décima más que la capital charra.

Por su parte, también lo hicieron en Jaén (1,1%), Pamplona (1%), Alicante (0,7%) y Soria (0,1%).

Por el contrario, hay tres ciudades que bajan sus tarifas, Cádiz (7,9%), León (24,7%) y San Sebastián (40%), además de una muy ligera bajada en Ciudad Real (0,6%) y Huelva (0,1%). Esto ha supuesto que de media, los precios para los cuatro casos analizados hayan bajado un 0,9% con respecto a los de 2018, de 24,61 euros ahora pasa a 24,41.

Tarifa progresiva

La asociación reclama a los ayuntamientos que adopten un sistema progresivo de tarificación que refleje mejor el consumo de los hogares por número de habitantes, de tal manera que se penalicen los consumos excesivos de una manera más realista y justa. Los consumos elevados en hogares en los que residen pocas personas podrían reflejar un despilfarro de agua que debería ser penalizado y resultar más caro que el consumo elevado de un hogar en el que residen muchas personas. Un sistema tarifario que contemple este tipo de cuestiones es más equitativo para la ciudadanía y asimismo permite premiar el ahorro con tarifas más asequibles.

De esta manera, los hogares con mayor número de habitantes y por lo tanto mayor consumo, podrán demostrar que no derrochan agua y no se verán penalizados por ello. Un precio unitario, sin considerar el número de personas por domicilio, impide conocer quién está realmente ahorrando en el consumo, valora FACUA.

Asimismo, la asociación considera imprescindible una regulación garantista frente al corte o suspensión del servicio, que defina y regule la situación de personas vulnerables de especial protección y que asegure un mínimo vital como un derecho de los usuarios. En este sentido, FACUA recuerda que la ONU ha reconocido el agua como un derecho humano y establece un cálculo (informe 35 sobre Derecho al Agua) que puede servir de referencia para establecer el mínimo vital. Así, la asociación recomienda que éste quede en cien litros por persona al día.

Para ello, es necesario potenciar la visión del ciclo integral del agua y abordarla desde una nueva regulación integral que garantice el acceso al suministro a toda la población, unos precios justos y razonables, que reconozca su dimensión como derecho humano y recurso esencial para la vida, que respete el carácter renovable del recurso, garantice su uso sostenible, gestione la demanda para conseguir su uso eficiente y la calidad adecuada y los valores ambientales asociados al medio hídrico.

Cánones

La mayoría de las ciudades analizadas en el estudio de FACUA incluyen, en sus tarifas, diferentes cánones que pueden ser de ámbito local, provincial o autonómico. La finalidad de los mismos, salvo alguna excepción, es destinar lo recaudado a infraestructuras de saneamiento y depuración. En Salamanca, sin embargo, esto no ocurre, al igual que en otras 23 ciudades.